Muchas empresas turísticas han tenido que suspender una parte o la totalidad de su actividad económica.Un descalabro empresarial que se ha traducido en la consiguiente reducción de sus ingresos y el aumento de los problemas de liquidez.
Y para solventar esta situación coyuntural y mantener la actividad de estas empresas en suspenso se ha recurrido, por parte de las autoridades, a la aplicación de ciertas medidas como los ERTES, los créditos ICO y la moratoria del concurso de acreedores.
Sin embargo, según informa el experto en Derecho Concursal, Antonio Almendros, director de Antonio Almendros Abogados esta moratoria podría no ser tan positiva. Y es que lo que parece ser una forma de mantener la actividad de estas empresas en suspenso, como medida preventiva en la actual crisis sanitaria, está derivando en la proliferación de una serie de problemas que se conocen, en la práctica, como 'empresas zombis'.
¿Qué son las 'empresas zombi'?
El experto en concursos de acreedores, Antonio Almendros, da su punto de vista sobre la problemática de las 'empresas zombis' y las consecuencias que puede acarrear su proliferación, como daño colateral a las medidas que se han tomado para mantener la actividad de empresas en suspenso durante la pandemia.
«Las empresas zombis son aquellas que han dejado de ser rentables, pero que mantienen su actividad de manera latente mediante el uso de determinados recursos. Son empresas en dificultades financieras sin posibilidad de viabilidad. Empresas que son en la práctica insolventes, pero que pese a estar en situación de presentar concurso de acreedores y, en muchos casos, en situación de quiebra, no solicitan este concurso de acreedores. Y no sólo eso. Acogiéndose a la moratoria aprobada por el Gobierno hasta el próximo 31 de diciembre de 2021 (salvo nueva moratoria concursal), estas empresas insolventes continúan operando en el mercado y causando todo tipo de problemas», explica Almendros.
¿Cuál es el principal inconveniente de la existencia de las 'empresas zombis' en España?
Para Antonio Almendros, «la primera y principal razón es que, pese a ser empresas inviables económicamente, consumen recursos que dejan de estar a disposición de otras empresas que sí son viables y deberían sobrevivir. Porque las ayudas oficiales tienen como propósito fines como el mantenimiento del empleo o el favorecimiento a las empresas más vulnerables, pero siempre que sean viables, por lo que este objetivo se diluye si tales recursos van a parar a 'empresas zombis', que no se pueden mantener más tiempo en el mercado. Se trata de empresas no viables que han encontrado en las medidas económicas, puestas en marcha por el Gobierno Central y por el autonómico, durante la presente pandemia, la excusa perfecta para mantenerse a flote, gracias a un balón de oxígeno que a lo mejor no es tan apropiado en su caso».
Almendros añade que «los ERTE han hecho que uno de los principales gastos, el de personal, desaparezca de su cuenta de resultados. Y en muchos casos, los alquileres o gastos inmobiliarios han sido renegociados a la baja, así como otra serie de gastos variables,que se han visto reducidos por el cese o suspensión de parte de la actividad. Pero, aun así, sigue existiendo toda una serie de gastos que permanecen fijos y que se afrontan mediante la continua financiación que puedan recibir, a veces indebidamente. Y en este particular escenario que estamos viviendo, los préstamos ICO aparecen como la herramienta perfecta para cumplir este papel, pero siempre y cuando se apliquen con rigor e idoneidad».
La moratoria concursal como fuente de problemas
«Una de estas medidas de choque estatales, la moratoria concursal, ha permitido a estas empresas eludir temporalmente la obligatoriedad de presentar el concurso de acreedores», explica Antonio Almendro.
Para este abogado especializado en concursos de acreedores, esta medida puede traer aparejadas consecuencias negativas comenta que «como experto en Derecho Concursal en Mallorca, creo que es una medida desacertada, ya que se está ignorando el principal objetivo de este procedimiento, que no es otro que, por un lado, la máxima satisfacción a los acreedores y, por otro, salvar a las empresas que presentan dificultades, claro está, siempre que esto sea posible. Así se evita en lo posible la quiebra y se facilita la disolución ordenada de las empresas que no sean viables. Asimismo, estoy convencido de que es un error destinar recursos a empresas inviables, que una vez acabe la pandemia y se retiren las medidas adoptadas seguirán sin ser operativas y se encontrarán fuertemente endeudadas. Cuando no puedan hacer frente a sus pagos, por tanto, se creará aún más desempleo y además aumentarán los niveles de morosidad, que pueden llegar a ser mucho más perjudiciales para la economía de lo que ya son hoy en día»
