Como era de esperar con el regreso de los turistas tras la pandemia también ha regresado la mal llamada turismofobia en los lugares con mayor tráfico turístico: Canarias, Balears y Barcelona.
En Tenerife los movimientos vecinales, no necesariamente ecologistas se han manifestado repetidamente contra la autorización de nuevos proyectos inmobiliario turístico que ocuparían los pocos espacios aun no urbanizados en zonas costeras. Las llamadas externalidades negativas, como el aumento del precio de la vivienda, la contaminación y los problemas de movilidad afectan a la población local.
Para atender a esa creciente masa de turistas los empresarios turísticos han tenido que recurrir a mano de obra extranjera más barata lo que termina agravando el problema. Hay un sentimiento extendido de que el crecimiento desaforado del turismo trae consigo, a partir de un cierto momento, más inconvenientes que beneficios.
Es obvio para quien quiera verlo que los residentes no están en contra del turismo sino del exceso de turismo, pero las autoridades y las asociaciones de empresarios creen, o quieren creer, que se trata de un ataque al turismo y usan la palabra maldita. Ese sentimiento se recoge en algunos medíos sensacionalistas, especialmente en Gran Bretaña que, en algún caso, llegan a preguntarse, por supuesto retóricamente, si hay que boicotear a Tenerife como destino turístico.
Autoridades y empresarios son plenamente conscientes de las dificultades que genera ese exceso de turismo y del aumento de gasto que conlleva el mantenimiento de los servicios municipales. Los alcaldes de los 8 principales municipios turísticos de sol y playa, entre ellos el de Calvià, que acogen el 18% de las pernoctaciones turísticas en España señalan repetidamente que es necesaria una modificación de la normativa actual sobre los municipios turísticos.
Saben muy bien que la situación podría mejorar con tasas finalistas, gestionadas municipalmente, variables en función de la demanda y con una mejor regulación de la vivienda de uso turístico como planea el gobierno canario, pero la oposición de las patronales y de los gobiernos del PP les impide avanzar por esa vía.
Las tasas terminaran imponiéndose como en prácticamente todo el mundo, cuando las autoridades pertinentes se enfrenten a la dura realidad : o pagan los turistas o pagan los residentes y los turistas no votan.
