Las arduas negociaciones entre los ministros de Agricultura de los
Quince dieron por fin su fruto en un acuerdo para la reforma de la
Política Agraria Común que, según la titular española, Loyola de
Palacio, repara las «injusticias» y «discriminaciones» que
arrastraba el campo español desde nuestra adhesión a la UE. Las
propuestas de modular las ayudas y su decrecimiento fueron
descartadas finalmente, pero el Consejo de Agricultura se salto el
acuerdo de Petersberg de estabilizar el gasto agrícola en 40.500
millones de euros, lo que puede plantear algún problema para su
aprobación en la cumbre de Berlín.
El acuerdo final alcanzado la madrugada de ayer pone fin a
varios meses de negociaciones pero no es definitivo, ya que la
decisión final deberán tomarla los jefes de Estado y de Gobierno en
la Cumbre extraordinaria de Berlín los días 24 y 25 de marzo,
cuando se ultime el presupuesto global de la Agenda 2000.
Es probable que se produzca algún cambio, toda vez que los
ministros de Agricultura de los Quince han acordado un incremento
del gasto agrícola de 6.685 millones de euros para el periodo
2000-2006, lo que supone un aumento del 2% con respecto al acuerdo
del Ecofin de congelar en 40.500 millones de euros anuales el
presupuesto agrícola.
La reacción de los agricultores comunitarios no se hizo esperar
y la más contundente se registró en Francia y Alemania, donde
campesinas se manifestaron ayer de forma aislada contra el
compromiso alcanzado. En España, las organizaciones agrarias
acogieron con moderado optimismo los resultados de la reunión de
Bruselas.
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