El Gobierno paraguayo ha tomado muy en serio las noticias sobre el
presunto retorno del ex general golpista Lino Oviedo y puso ayer en
alerta a las fuerzas de seguridad, a fin de detenerlo y enviarlo a
la cárcel, según fuentes oficiales. El Ejército y la Policía
decretaron el acuertelamiento de todos sus efectivos como medida
preventiva ante el temor a un nuevo golpe de Estado. La actitud del
Poder Ejecutivo ha recibido el respaldo de la Justicia, que ha
emitido una nueva orden de captura internacional contra el otrora
hombre fuerte del Ejército paraguayo, que tiene pendiente de
cumplimiento una condena de diez años de prisión por una intentona
golpista protagonizada en 1996.
La medida fue dictada por el juez Jorge Bogarín, quien tiene a
su cargo dos procesos criminales contra Oviedo. En una de las
causas está acusado de haber planeado y financiado el asesinato del
vicepresidente paraguayo, Luis María Argaña, el 23 de marzo pasado,
y en otra de ser uno de los autores morales de la matanza de siete
jóvenes manifestantes, el 26 de marzo último.
La orden de Bogarín fue remitida a las oficinas de la Interpol
(Organización Internacional de Policía Criminal) en Brasil y
Uruguay, países que fueron referidos como posibles destinos del ex
general.
Un oficio del mismo juzgado fue remitido al presidente del
Congreso y jefe de Estado en funciones, Juan Carlos Galaverna, para
que confirme «con carácter urgente» las noticias procedentes de
Buenos Aires que hablan de que Oviedo ha renunciado al asilo
político que gozaba en Argentina para retornar a su país. En ese
sentido, Galaverna dijo a la prensa que no tiene una «información
exacta» del paradero de Oviedo, aunque adelantó que si «está en
territorio paraguayo se le apresará».
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