Ayer, poco después de las manifestaciones de alegría de la
oposición y de los llamamientos a la unidad, la situación se hizo
algo más complicada, con las informaciones contradictorias a
propósito del destino de Vladimiro Montesinos, ex hombre de
confianza de Fujimori y causante directo de la actual crisis.
Las primeras informaciones difundidas por la oposición indicaban
que Montesinos se había atrincherado en la sede del Servicio
Nacional de Inteligencia (SIN) de Lima con una veintena de
militares. En palabras del diputado opositor Jorge del Castillo, se
trataba «técnicamente» de un «intento de golpe de Estado». Sin
embargo, poco después, se conocía que la hermana del «hombre
fuerte» de Fujimori, Ana Montesinos Torres, había denunciado ante
los tribunales que este se encontraba retenido por el Ejército, sin
mandato judicial, en la sede del SIN. Según los medios locales, el
recurso judicial de habeas corpus está dirigido contra el
presidente del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general
José Villanueva Ruesta.
Fuentes no confirmadas indicaron que Montesinos fue sacado a la
fuerza del sector del SIN donde se había atrincherado para resistir
la decisión de Fujimori de desmentelar los actuales servicios
secretos, a los que se acusa de haber organizado la compra de
diputados de la oposición en el Parlamento.
Por su parte, el líder de la oposición peruana, Alejandro
Toledo, que se abstuvo de competir con Fujimori en la segunda
vuelta de las presidenciales del pasado 28 de mayo alegando fraude,
propuso a los peruanos que construyan una candidatura unitaria de
reconciliación y unidad nacional y se manifestó en contra de llevar
a cabo una «caza de brujas».
Toledo, que llegó ayer de Estados Unidos y fue aclamado en Lima
por miles de sus seguidores, apostó por el trabajo conjunto de las
fuerzas democráticas. «No es hora de mirar al pasado», sostuvo el
líder del partido Perú Posible al subrayar que «no es prudente
iniciar una caza de brujas, ni revanchismos», sino dejar que un
Poder Judicial independiente realice su trabajo para sancionar a
quienes son denunciados por casos de corrupción y otros
delitos.
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