El Gobierno y el Ejército chilenos mantienen discrepancias de fondo
respecto a la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional
(COSENA), solicitada por los militares a raíz del procesamiento del
general Augusto Pinochet y considerada «injustificada» por el
Ejecutivo.
Las divergencias quedaron en evidencia tras una reunión entre el
comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, el
vicepresidente José Miguel Insulza y el ministro de Defensa, Mario
Fernández.
Las diferentes versiones sobre la reunión, de cuyo contenido no
se entregó versión, confirmaron las discrepancias.
El portavoz de Gobierno dijo que el Ejecutivo comprende la
preocupación de las Fuerzas Armadas, aunque reiteró que la visión
oficial es que el poder judicial es autónomo. El ministro también
llamó a «todos los ciudadanos y autoridades del Estado a respetar
la resolución del poder judicial».
Mientras tanto, los abogados de Augusto Pinochet y de otros
inculpados en violaciones a los derechos humanos así como sectores
de la derecha comenzaron una ofensiva jurídica para inhabilitar al
juez Juan Guzmán, quien sometió a proceso al ex dictador por los
delitos de secuestro y homicidio.
El magistrado -que desde hace tres años instruye las querellas
que se han presentado en Chile contra Pinochet- ha acumulado en
menos de una semana tres quejas disciplinarias en su contra, un
llamado a explicaciones de parte de la Corte Suprema y la
posibilidad de ser acusado civil y penalmente.
Al mismo tiempo, desde el ámbito político, el Movimiento
Vitalicio Augusto Pinochet, que agrupa a los partidarios más
acérrimos del ex gobernante militar, pidió la renuncia del
magistrado al caso y anunció la realización de una protesta frente
a su domicilio.
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