Dirigentes políticos y abogados querellantes consideraron grave la
negativa de Augusto Pinochet a comparecer ante el juez Juan Guzmán
por su eventual responsabilidad en las violaciones a los derechos
humanos durante la dictadura que por 17 años (1973-1990) encabezó
en Chile. «Es algo extremadamente grave», señaló el presidente de
la Cámara de Diputados, Víctor Barrueto, quien añadió que «no debe
haber ciudadanos de primera, segunda o tercera clase, como en algún
momento pareció el país acostumbrarse».
La batalla judicial por el destino de Pinochet se intensificó en
las últimas horas con nuevos recursos presentados por sus
defensores, mientras los querellantes replicaron con una petición
formal de arresto domiciliario para el desaforado senador
vitalicio.
Esta última petición, según explicó el abogado Hugo Gutiérrez,
se fundamenta en que Pinochet ya estaría incurriendo en desacato,
pues a medianoche del viernes venció el plazo que tenía para fijar
su domicilio, a efectos del interrogatorio del próximo martes. «Al
no haber fijado su domicilio Pinochet puede ser declarado en
rebeldía», afirmó Gutiérrez.
Mientras Pinochet recibía esta visita, su defensa, que ha
adoptado una actitud desafiante frente al juez Guzmán, sufría dos
serios reveses en los tribunales de Justicia. El plenario de la
Corte Suprema, por 15 votos a 2, rechazó una queja de los abogados
del ex dictador contra el juez y mantuvo la decisión de éste de
tomar los exámenes médicos a Pinochet hoy y mañana lunes, así como
de interrogarle el martes.
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