La decisión del magistrado Gabriel Cavallo se produjo antes de que
se cumpla, el próximo 24 de marzo, el 25 aniversario del golpe de
Estado que dio paso a un régimen «de facto» (1976-1983) en el que
desaparecieron con presunción de muerte al menos 9.000 personas por
motivos políticos. Cavallo declaró la «inconstitucionalidad e
invalidez» de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que en
1987 pusieron fin a las investigaciones y procesos judiciales
contra un millar de militares y policías implicados en la represión
ilegal.
La medida fue tomada en el marco de una causa en la que se
investiga la apropiación ilegal de la hija de un matrimonio de
desaparecidos y ante una solicitud presentada por la organización
de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El Gobierno anunció que no tomará ninguna medida ante el fallo
judicial, que ha causado inquietud entre los miembros del Ejército
y fue celebrado por las organizaciones humanitarios.
La polémica aprobación de ambas leyes fue impulsada por el
Gobierno democrático de Raúl Alfonsín con el declarado objetivo de
avanzar hacia la reconciliación nacional, después de que los jefes
de las Juntas Militares fueran condenados a prisión perpetua en
1985. Ese proceso se cerró en 1990, cuando el entonces presidente
Carlos Menem concedió un indulto a los jerarcas de la
dictadura.
Las dos normas fueron derogadas por el Parlamento argentino en
1998, lo que determinó que cualquier persona acusada por actos de
represión cometidos a partir de esa fecha puede ser juzgada, aunque
la derogación no conlleva efectos retroactivos. El nuevo ministro
de Defensa, Horacio Jaunarena, dijo que el Gobierno «no va a hacer
nada» ante el fallo del juez Cavallo, aunque opinó que la leyes de
Obediencia Debida y el Punto Final son «constitucionales» porque
fueron «promovidas y votadas por el Congreso».
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