El primer ministro yugoslavo, el montenegrino Zoran Zizic, dimitió
ayer en protesta por la extradición del ex presidente Slobodan
Milosevic y arrastró con él al Gobierno de la federación que forman
Serbia y Montenegro. La dimisión de Zizic supone de facto la caída
de todo el Gobierno, que seguirá en funciones hasta la formación de
uno nuevo. Zizic representa al Partido Socialista Popular de
Montenegro (SNP), aliado hasta ahora en el Ejecutivo federal con la
coalición Oposición Democrática de Serbia (DOS). «La dignidad de la
nación ha sido dañada con esta forma de cooperar con el Tribunal de
La Haya; la comunidad internacional no nos había impuesto
condiciones para ello, lo que se hizo fue una solución
precipitada», dijo Zizic sobre la entrega de Milosevic.
La entrega a La Haya fue decisión del Gobierno de Serbia,
formado por la DOS, y se produjo a falta de un dictamen del
Tribunal Constitucional sobre su legalidad. Zizic expuso que ha
dimitido porque al asumir el cargo, en noviembre pasado, dijo que
lo hacía a condición de que «se preservara la dignidad de la
nación», cosa que intentó lograr al coligarse con la DOS, vencedora
de las elecciones de septiembre del 2000. El SNP de Montenegro
había sido en su tiempo una formación sucursalista del Partido
Socialista Serbio (SPS) de Milosevic y habían concurrido a esos
comicios en coalición, que luego se rompió. Zizic y los cinco
ministros del SNP en el Gobierno federal se habían negado a apoyar
el decreto de extradición de Milosevic, que fue aprobado el sábado
pasado por los nueve ministros de la DOS.
Anteriormente, el SNP había negado su apoyo a un proyecto de ley
de cooperación con el Tribunal de La Haya, insistiendo en que los
ciudadanos yugoslavos acusados de crímenes de guerra por esa
instancia judicial debían ser juzgados en su país. El presidente
yugoslavo, Vojislav Kostunica, que llevó a la DOS a la victoria
electoral, tiene excelentes relaciones con el SNP pero lo criticó
por negarse a apoyar esa ley. Kostunica criticó la decisión
«precipitada e irresponsable» de entregar a Milosevic, sin esperar
el dictamen constitucional ni respetar los plazos de apelación
concedidos al acusado por el decreto. «No puedo participar en una
violación flagrante de los derechos humanos, lo mismo que no pude
asegurar una vía legal para la cooperación con el Tribunal de La
Haya», dijo Zizic.
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