La maquinaria judicial se puso ayer en marcha en Argentina para
comprobar las denuncias de que antes y después de que se implantara
el impopular «corralito», que restringe el uso del dinero
depositado en los bancos, se sacaron del país millonarias sumas.
Oficinas de dos entidades bancarias, entre ellas del BBVA-Banco
francés -filial del grupo español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-,
de una compañía aérea y de empresas de transporte de caudales, así
como dependencias de los dos aeropuertos de la capital argentina
fueron registrados por la policía.
La policía, que también registró puestos de peaje de autopistas,
donde se graba a los vehículos que pasan por ellos, se llevó
documentación y casetes de vídeo, confirmaron fuentes de ese
cuerpo. La orden partió del juez Norberto Oyarbide que investiga
las denuncias sobre fugas de capitales presentadas después de que
durante varios días circulasen rumores de todo tipo sobre el
asunto, entre ellos los que hablan de presuntos testigos del
transitar de centenares de furgones de caudales hacia el aeropuerto
de Ezeiza.
El abogado Juan Carlos Iglesias, uno de los denunciantes,
declaró ayer a «Radio Continental» que entre el 20 de noviembre y
el 10 de diciembre pasados, es decir antes de que se impusiera el
«corralito», puede haberse sacado del país 26.600 millones de
dólares. Por su parte, la juez María Servini de Cubría, que está a
cargo de otra investigación por el mismo motivo, cifró anoche en
unos 10.000 millones de dólares la cantidad fugada desde que
entraron en vigor las restricciones impuestas al circuito
financiero.
Las trabas al libre uso del dinero contenido en cuentas
corrientes y cajas de ahorro, y la congelación de los depósitos a
plazo fijo, vigentes desde el 3 de diciembre, son uno de los
mayores quebraderos de cabeza de los argentinos, en medio de una
crisis económica y social sin precedentes en el país. Ocho de cada
diez personas están en contra de que se mantengan esas medidas, que
fueron adoptadas cuando era presidente Fernando de la Rúa y
reforzadas tras la asunción del mando por Eduardo Duhalde, con el
fin declarado de evitar una quiebra del sistema financiero, según
un sondeo que publicó ayer el diario «La Nación».
El juez Oyarbide confirmó ayer que «los procedimientos que se
están realizando son varios» y «en distintos lugares del país», y
tienen como objetivo «saber si es verdad lo que afirman los
denunciantes». El ministro argentino de Asuntos Exteriores, Carlos
Ruckauf, negó que el Gobierno haya impulsado las órdenes de
registro. «Nosotros no decidimos en una investigación a quién se
allana (registra). Eso fue en las dictaduras», aseguró Ruckauf en
un encuentro mantenido con la prensa extranjera.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.