Argentina volvió a sacudirse ayer por las protestas callejeras a lo
largo de todo su territorio, en algunos casos dominadas por la
violencia, en rechazo a las restricciones al acceso al dinero
depositado en los bancos y por peticiones de alimentos o de
salarios adeudados, mientras el Gobierno de Eduardo Duhalde apura
más cambios económicos para evitar un nuevo estallido social. Las
ciudades de Córdoba (centro) y Santiago del Estero (noroeste)
vivieron los actos más violentos, que incluyeron represión policial
y decenas de heridos. En Entre Ríos (este), Jujuy (noroeste),
Neuquén (sur) y en varios puntos de Buenos Aires y sus suburbios se
reprodujeron las manifestaciones de ciudadanos golpeados por la
caída de su poder adquisitivo.
Duhalde decretó ayer una flexibilización del 'corralito'
financiero, que mantiene restringido el acceso a más de 65.000
millones de dólares depositados en los bancos. Si bien se permitió
que los titulares de cuentas o depósitos puedan usar para realizar
compras electrónicas o pago de impuestos hasta 5.000 dólares (antes
era hasta 3.000), la incertidumbre y la desconfianza volvieron a
reflejarse en el mercado de cambio libre de divisas, donde el dólar
cotizaba ayer por encima de los 2'10 pesos, muy lejos del valor de
1'40 fijado por el Ejecutivo argentino para las operaciones
financieras y de comercio exterior. La Bolsa de Buenos Aires
también daba muestras de desconfianza. A media sesión, las
principales empresas crecían un promedio del 11'80%. Según los
operadores, la compra de títulos funciona como un resguardo a
eventuales nuevos cambios monetarios.
Mientras, la justicia argentina registró ayer oficinas de cuatro
grandes bancos privados de Buenos Aires por una denuncia sobre
supuestas fugas de capitales ocurridas a finales del año pasado.
Asistido por expertos de la policía, el juez federal Norberto
Oyarbide ordenó los registros en oficinas del Citibank y de los
bancos Río (del español Grupo Santander Central Hispano), Galicia y
Boston. El subcomisario Guillermo Calviño dijo que la misión de la
policía es buscar «todo tipo de documentos relacionados con la fuga
de capitales al exterior». Estos registros siguen a otros ordenados
el jueves en oficinas del BBVA-Banco Francés -filial del grupo
español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-, de una compañía aérea y
de empresas de transporte de caudales.
Por otra parte, el respaldo a Argentina transmitido por el
presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en una llamada
telefónica a Duhalde no alcanzó para serenar los ánimos del
Gobierno, que tomó nota de la reiterada solicitud de conseguir un
plan «sostenible y creíble». De igual modo, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) había solicitado esa condición. Los ministros
argentinos de Economía, Jorge Remes Lenicov, y del Exterior, Carlos
Ruckauf, viajarán a fin de mes a Estados Unidos para informar a su
gobierno y al FMI sobre el plan económico, informó ayer el portavoz
gubernamental, Eduardo Amadeo. En diálogo con la prensa, Amadeo
dijo que el viaje de ambos ministros fue anticipado por Duhalde a
Bush durante la comunicación telefónica. Según Amadeo, Duhalde le
anticipó a Bush que el gobierno argentino «está trabajando, en
contacto con funcionarios del FMI, para concluir la elaboración de
un plan económico sustentable».
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