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RAFAEL CAÑAS-WASHINGTON El aparente suicidio de un antiguo vicepresidente de Enron que había criticado los oscuros manejos de la empresa en bancarrota añadió ayer drama a una historia cada vez más turbia en la que se mezclan millonarias cantidades y la política. John Clifford Baxter, de 42 años, fue hallado muerto ayer de un disparo en la cabeza en el interior de un automóvil aparcado en Sugarland, un suburbio de Houston (Texas), y junto al cadáver había una nota en la que indicaba su voluntad de quitarse la vida, informó la policía local.

Por ello, las autoridades trabajan con la hipótesis inicial de un suicidio, según una portavoz de la policía, que indicó que no había indicios de violencia o de cualquier elemento que pueda apuntar a un homicidio. En una conferencia de prensa, un portavoz policial evitó dar detalles debido a que continúan investigando el asunto y se limitó a decir que el coche de Baxter estaba aparcado en una mediana «como si fuera a realizar un giro».

Conocido normalmente como Cliff Baxter, el antiguo ejecutivo de Enron figuraba en la lista de potenciales testigos que pensaban entrevistar los investigadores que siguen la quiebra del gigante energético, la mayor de la historia empresarial de Estados Unidos. La bancarrota de la empresa energética, anunciada en diciembre, es investigada por el Departamento de Justicia, la Comisión del Mercado de Valores y diez comités del Congreso. Baxter fue vicepresidente de la compañía hasta su dimisión, en mayo pasado, decisión explicada porque quería pasar más tiempo con su familia. Enron, con sede en Houston, confirmó la muerte de Baxter en un comunicado, en el que señaló que «estamos profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestro amigo y colega».

La ex ejecutiva de Enron Sherron Watkins, que había avisado de los graves problemas de la empresa debido a su elevado riesgo financiero, señaló en una carta, fechada en agosto, que Baxter había criticado ciertas prácticas ante el entonces presidente, Jeff Skilling. Las audiencias de varios comités del Congreso comenzaron el jueves y tratan de desentrañar, al igual que la investigación del Departamento de Justicia, si Enron y su compañía auditora, Arthur Andersen, violaron algunas leyes con una serie de medidas de ingeniería financiera y contable para ocultar pérdidas y mantener al alza el valor de las acciones.

Los principales directivos de la empresa vendieron sus acciones durante 2000 y 2001 con beneficios multimillonarios, mientras que los accionistas vieron cómo el valor de los títulos pasaba en menos de un año de 80 dólares a algunos centavos. El caso está salpicado de importantes matices políticos, ya que Enron fue una de las empresas que más dinero donó a contribuciones electorales en los últimos años, y su último presidente, Kenneth Lay, fue el mayor donante individual a las campañas políticas del presidente George W. Bush, desde que éste entró en política en 1993. La oposición demócrata acusa a la Casa Blanca de haber prestado atención especial a Enron en la definición del plan energético presentado el año pasado y de mediar en favor de esa empresa en los problemas que tenía con el Gobierno indio.