La ciudad peruana de Arequipa vivió ayer por segundo día el estado
de emergencia y el toque de queda, después de que las violentas
protestas en contra de las privatizaciones de empresas estatales
hayan causado ya la muerte de una persona y amenacen con extenderse
a otras ciudades del sur del país.
Un estudiante de 23 años murió ayer a consecuencia de las
heridas que le causó una bomba lacrimógena el pasado viernes, en
los primeros enfrentamientos después de que el Gobierno de
Alejandro Toledo privatizase las empresas eléctricas Egasa y
Egesur. Un centenar de personas también resultaron heridas.
El control por parte de las Fuerzas Armadas y la suspensión de
algunos de los derechos constitucionales, decretado el domingo, no
han podido acabar todavía con las protestas en Arequipa, la segunda
ciudad del país, donde los cuerpos de seguridad han dispersado
usando gases lacrimógenos varias concentraciones en las
proximidades de la Plaza de Armas, según informaron medios
locales.
El aeropuerto de la ciudad continúa cerrado, al igual que los
colegios, universidades y el transporte público. En la Catedral de
la ciudad, el alcalde y una treintena de regidores están en huelga
de hambre para protestar contra las privatizaciones y por la medida
del Gobierno.
La declaración de estado de emergencia implica la suspensión de
las garantías constitucionales relativas a la seguridad personal,
inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de
tránsito.
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