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EUROPA PRESS-JERUSALÉN El fiscal general del Estado israelí, Elyakim Rubinstein, solicitó ayer públicamente a los ministros del gabinete que revoquen una propuesta de ley según la cual el suelo público sólo podrá habilitarse para la residencia de ciudadanos judíos. La propuesta fue criticada por alguno de los ministros actuales y otros de gabinetes anteriores, que la consideran una norma claramente discriminatoria para con las minorías árabes, drusa y beduina.

Por otro lado, el portavoz de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Nabil Abú Rudeina, negó desde Ramala que el director para Cisjordania del Servicio de Inteligencia General, Taufic Tirawi, haya sido cesado por decreto presidencial, de forma similar a como lo fue Yibril Rayub.

Un importante número de voces han comenzado a sonar, tanto desde los partidos políticos como de las instituciones del Estado, en contra de la nueva propuesta de Ley del Suelo que fue discutida en la última reunión plenaria del gabinete. Entre ellas destaca la del fiscal general, Elyakim Rubinstein, quien instó al Gobierno a dar marcha atrás a la aprobación de dicha ley, promovida desde los partidos de la derecha y la extrema derecha.

Rubinstein calificó la propuesta de ley de innecesaria y argumentó que la búsqueda de la igualdad no debe ser contraria a los valores del sionismo. Asimismo, el jurista advirtió de que la eventual aprobación del texto legal «aumentará más todavía la ruptura entre los ciudadanos judíos y los árabes», haciendo referencia a la minoría árabe, que representa a más de un 20% de la población total.

Esta iniciativa legislativa ha sido promovida por el diputado Haim Druckman, afiliado al Partido Nacional Religioso. De este forma, Druckman intentaría aparentemente puentear una sentencia del Tribunal Supremo, que en el año 2000 decidió a favor de un ciudadano árabe al que el consejo de residentes del pueblo de Katzir se negó a permitirle comprar una parcela sobre la cual poder después edificar su vivienda. Tras años de insistencia ante los tribunales, el Supremo valoró que se había dado una situación de discriminación, declarando ilegal la decisión de los vecinos de Katzir.