El fiscal general del Estado israelí, Elyakim Rubinstein, solicitó
ayer públicamente a los ministros del gabinete que revoquen una
propuesta de ley según la cual el suelo público sólo podrá
habilitarse para la residencia de ciudadanos judíos. La propuesta
fue criticada por alguno de los ministros actuales y otros de
gabinetes anteriores, que la consideran una norma claramente
discriminatoria para con las minorías árabes, drusa y beduina.
Por otro lado, el portavoz de la Autoridad Nacional Palestina
(ANP), Nabil Abú Rudeina, negó desde Ramala que el director para
Cisjordania del Servicio de Inteligencia General, Taufic Tirawi,
haya sido cesado por decreto presidencial, de forma similar a como
lo fue Yibril Rayub.
Un importante número de voces han comenzado a sonar, tanto desde
los partidos políticos como de las instituciones del Estado, en
contra de la nueva propuesta de Ley del Suelo que fue discutida en
la última reunión plenaria del gabinete. Entre ellas destaca la del
fiscal general, Elyakim Rubinstein, quien instó al Gobierno a dar
marcha atrás a la aprobación de dicha ley, promovida desde los
partidos de la derecha y la extrema derecha.
Rubinstein calificó la propuesta de ley de innecesaria y
argumentó que la búsqueda de la igualdad no debe ser contraria a
los valores del sionismo. Asimismo, el jurista advirtió de que la
eventual aprobación del texto legal «aumentará más todavía la
ruptura entre los ciudadanos judíos y los árabes», haciendo
referencia a la minoría árabe, que representa a más de un 20% de la
población total.
Esta iniciativa legislativa ha sido promovida por el diputado
Haim Druckman, afiliado al Partido Nacional Religioso. De este
forma, Druckman intentaría aparentemente puentear una sentencia del
Tribunal Supremo, que en el año 2000 decidió a favor de un
ciudadano árabe al que el consejo de residentes del pueblo de
Katzir se negó a permitirle comprar una parcela sobre la cual poder
después edificar su vivienda. Tras años de insistencia ante los
tribunales, el Supremo valoró que se había dado una situación de
discriminación, declarando ilegal la decisión de los vecinos de
Katzir.
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