Cerca de 300.000 peruanos fueron esterilizadas sin saberlo durante
el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), según informó el
ministro de Salud, Fernando Carbone, durante la presentación del
informe final de la comisión sobre Actividades de Anticoncepción
Quirúrgica Voluntaria (AQV) ante el Congreso de la República. Si se
probase que estas acusaciones son ciertas, tanto Fujimori como los
ministros de Salud de la época, Marino Costa Bauer, Alejandro
Aguinaga Recuenco y Eduardo Jhon Motta, podrían ser acusados por un
delito de genocidio.
Según el texto de la denuncia, durante el Gobierno de Fujimori,
refugiado en Japón desde noviembre de 2000, «se produjeron
numerosas intervenciones que atentaron contra la maternidad de las
mujeres pobres de Perú, que incluyó daños a la dignidad e
integridad física, psicológica y moral, tanto de mujeres como
varones de diversas regiones como parte de una inadecuada política
de Planificación Familiar». Para elaborar el informe se realizó un
trabajo de campo realizado en los departamentos de Cuzco, Ancash,
San Martín, Piura y Puno, en los que se recogió el testimonio de
507 personas, de las que el 10 por ciento aceptó haber sido
sometida de forma voluntaria al referido procedimiento, bajo
promesas de bienestar económico y familiar.
Según cifras de la comisión de AQV, en 1993 se realizaron 19.261
ligaduras y 906 vasectomías; en 1994, unas 28.000 ligaduras y 468
vasectomías; en 1995, unas 32.883 ligaduras y 1.424 vasectomías.
Entre 1996 y 2000 un total de 215.227 ligaduras y 16.547
vasectomías. En ellas se aprecia que las cifras aumentaban
anualmente y que el programa cumplía sus metas. La política de
natalidad de Fujimori estuvo dirigida a las poblaciones campesinas,
indígenas y pobres.
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