El Servicio Médico Legal chileno identificó los restos del
ciudadano español Carmelo Soria, asesinado en Chile en 1976 por
agentes de la dictadura, informaron a primeras horas de ayer
fuentes judiciales. Una vez confirmada definitivamente la identidad
de Carmelo Soria a través de un examen de ADN, los familiares
realizaron ayer una breve ceremonia en el crematorio del Cementerio
General de Santiago de Chile. Los peritajes fueron solicitados por
la familia del diplomático el 19 de abril pasado, cuando
presentaron una querella ante el juez del 23 Juzgado del Crimen de
Santiago, Andrés Contreras, por el presunto delito de inhumación
ilegal.
El juez acogió la petición y el 30 de abril los restos del
funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) fueron trasladados al Servicio Médico Legal para su
identificación. Según explicó en esa oportunidad Carmen Soria, hija
del funcionario de Naciones Unidas, la familia tenía sospechas de
que el año 1983, al ser trasladados los restos de su padre «fueron
sustraídos». Carmelo Soria, que residía en Chile desde el término
de la guerra civil española, fue secuestrado por agentes de la
brigada Mulchén de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el
14 de julio de 1976 y su cadáver fue encontrado dos días después en
un canal de Santiago de Chile, con señales evidentes de
tortura.
Según explicó el abogado querellante Alfonso Insunza los restos
de Soria fueron trasladados en 1983 dentro del mismo cementerio en
un ataúd sellado, tras las amenazas que recibieron los dueños del
mausoleo donde fue enterrado el diplomático español en 1976. Agregó
que cuando Carmen Soria, hija de la víctima, presentó una nueva
querella, en 1994, recibió también una serie de amenazas, entre
éstas, llamadas telefónicas en las que le decían que «no sacaría
nada con investigar las causas de la muerte pues sus restos no
existían». El proceso por el homicidio de Carmelo Soria -en el que
fueron inculpados cuatro altos oficiales de Ejército- fue
amnistiado en 1996 por la Corte Suprema chilena.
Tras la decisión del máximo tribunal, la familia Soria recurrió
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA
(Organización de Estados Americanos) y acusó por este caso al
Estado chileno de «denegación y auxilio de justicia». En 1999 el
organismo recomendó al Estado de Chile reabrir el sumario y juzgar
a los responsables del crimen y, aunque en mayo de 2001 la familia
Soria pidió la reapertura del proceso, la solicitud fue rechazada
por la Corte Suprema.
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