Un juez británico consideró ayer «discriminatoria» y por lo tanto
«ilegal» una disposición crucial de una ley antiterrorista adoptada
tras los atentados del pasado 11 de septiembre, y que permite
detener a extranjeros sospechosos de actividades terroristas sin
inculparlos. El juez Andrew Collins estimó que esta disposición «no
sólo era discriminatoria, e ilegal, sino además desproporcionada»,
al hacer valer que se aplicaba a los extranjeros y no a los
británicos. De este modo, el magistrado dio la razón en ese punto a
un recurso presentado por nueve extranjeros que cuestionaban su
detención en virtud de esas disposiciones.
Sin embargo, el juez británico agregó que su decisión no
permitía por sí mismo la liberación de los detenidos, cuyo caso
será objeto de un examen individual en el otoño próximo. El
Ministerio del Interior británico y la organización de defensa de
las libertades individuales Liberty, que apoyaba el recurso de los
detenidos, interpretaron de forma diferente la decisión de la
justicia. El Ministerio del Interior relativizó el alcance del
fallo.
Un portavoz del Ministerio reconoció estar «decepcionado» por la
parte de la ley invalidada por el juez y anunció que la cartera
apelará el fallo. El portavoz destacó que las otras disposiciones
habían sido avaladas, ya que el juez reconoció que los atentados
del pasado 11 de septiembre habían creado «una situación de
emergencia que amenaza la vida de la nación». «Esto significa que
podemos derogar (la Convención europea de Derechos Humanos) a raíz
de una situación de emergencia tal como se definió legalmente»,
estimó el portavoz. En cambio, para John Wadham, director de
Liberty, «el fallo significa que una parte central de la ley
antiterrorista es contraria a la Convención de Derechos Humanos».
«No creemos que exista una situación de emergencia tan extrema que
justifique encerrar a gente sin inculpación ni proceso, no por algo
que hayan hecho, sino por algo que alguien piensa que han hecho»,
continuó.
Las nueve personas que presentaron el recurso están detenidas
desde hace varios meses en la prisión de Belmarsh, al sureste de
Londres. El juez Andrew Collins preside una «Comisión especial de
apelación en materia de inmigración», instancia creada en virtud de
la nueva ley antiterrorista. Esta decisión da un revés al
dispositivo legislativo adoptado rápidamente por iniciativa del
gobierno británico para prevenir cualquier acto de terrorismo luego
de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. El
ministerio del Interior, anunció su intención de apelar la
decisión, y precisó que los nueve extranjeros permenecerán
detenidos.
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