April Gallop, en primer término, una de las afectadas por el atentado.

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Los demandantes «invocan el imperio de la ley para que aquellos que impulsaron, financiaron, patrocinaron o apoyaron materialmente los actos de barbarie y terror del 11 de septiembre de 2001 sean responsabilizados», según los escritos que serán presentados en un tribunal federal. La demanda colectiva del grupo «Familias del 11 de setiembre unidas para arruinar al terrorismo» apunta también contra Osama bin Laden, líder de la red extremista islámica Al Qaeda, y la milicia fundamentalista de los talibanes.

Los demandantes reclaman mil millones de dólares en daños y perjuicios a las entidades y un billón a los individuos acusados, indicó la fuentes. «Los demandantes invocan el estado de derecho para responsabilizar de sus actos a quienes favorecieron, financiaron, patrocinaron o apoyaron materialmente actos de barbarie y terror infligidos el 11 de septiembre», según el texto del documento que será presentado durante la jornada ante un tribunal federal de Washington. «Presentando una vigorosa acción judicial contra los patrocinadores financieros del terror, los demandantes los expondrán a la luz pública y los someterán al Estado de derecho», señala el texto.

De otra parte, el Gobierno de Estados Unidos ha efectuado arrestos arbitrarios, ha mantenido incomunicados y ha maltratado a decenas de detenidos en su guerra contra el terrorismo, afirma Human Rights Watch en un extenso informe publicado ayer. «El gobierno no ha preservado los valores que el presidente, George W. Bush, dijo que habían sido atacados el 11 de septiembre», declaró Jamie Fellner, directora del Programa EE UU de Human Rights Watch (HRW). Fellner subrayó además que «con su restricción del control judicial y el impedimento del escrutinio público, el gobierno ha ejercido un poder sin riendas sobre las personas que ha detenido».

El informe de 90 páginas añade que «el Departamento de Justicia ha usado mal los cargos de delitos de inmigración para eludir las restricciones legales a sus atribuciones para la detención e interrogatorio de personas, y así ha llevado a cabo sus investigaciones de terrorismo». La administración del presidente Bush ha indicado que, desde los ataques terroristas del 11 de septiembre pasado, ha detenido a unas 1.200 personas. El mismo Bush señaló, en un discurso en mayo, que la campaña antiterrorista había «capturado, en todo el mundo, a unos 2.000 terroristas». HRW indicó en su informe que «unos 1.200 extranjeros han sido arrestados y encarcelados en secreto. La mayoría de detenidos son oriundos de países del Oriente Medio, el sur de Asia y el norte de Africa. Muchos de ellos permanecieron detenidos sin cargos.