La recomendación de la fiscalía general del Estado israelí de
procesar por corrupción al primer ministro, Ariel Sharón, puede
complicar la aplicación de su plan de «desconexión» de la franja de
Gaza y parte de Cisjordania.
La fiscal general del Estado israelí, Edna Arbel, presentó ayer
al asesor jurídico del Gobierno, Menajem Mazuz, un borrador con la
recomendación de procesar al primer ministro por un delito de
corrupción y soborno.
Sharón es sospechoso de haber favorecido en sus negocios
inmobiliarios a un contratista de su bloque derechista Likud, David
Apel, y también en un frustrado proyecto para la adquisición de una
isla griega para convertirla en un centro turístico.
Apel prometió un jugoso contrato por tres millones de «shekel»
(700.000 dólares) como «asesor» a un hijo de Sharón, quien niega
haber sabido de ese acuerdo entre Apel y su hijo Guilad, o haberse
aprovechado de su influencia para impulsar ese proyecto ante el
alcalde de Atenas, que visitó Jerusalén en julio de 1999.
La decisión de procesar al primer ministro depende ahora de la
resolución del asesor jurídico Mazuz, quien estudiará el caso y
deberá decidir si acepta, o no, la recomendación de la fiscal para
encausar a Sharón.
Su decisión, no obstante, no se producirá hasta dentro de un
mes, dicen los analistas, tiempo en el que se analizará el material
incriminatorio contra Sharón, quien era ministro de Exteriores
cuando se produjo el supuesto soborno.
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