El atentado terrorista costó la vida de una persona en Tel Aviv.

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EFE-JERUSALEN
El primer ministro israelí, Ariel Sharón, ha ordenado que continúe la construcción del muro de separación en Cisjordania amparándose en un reciente dictámen del Tribunal Supremo, informó el diario israelí «Haaretz» en su página de internet.

Esta orden de Sharón se produce tras la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya, que el pasado viernes declaró ilegal el muro y pidió su desmantelamiento.

El Tribunal Supremo de Israel resolvió el pasado 30 de junio que la construcción del muro en Cisjordania por razones de seguridad era legal.

Pero destacó que debía existir un equilibrio entre las consideraciones de seguridad y las necesidades de los palestinos y que dicha proporción debía ser mantenida, incluso si eso significaba cambiar el trazado por otro que provea de menor seguridad a los ciudadanos israelíes.

Sharón celebró ayer una reunión especial tras la decisión del TIJ, en la que participaron el ministro de Exteriores, Silván Shalom, el viceministro y responsable de Industria y Comercio, Ehud Olmert, el ministro de Justicia, Yosef Lapid y el fiscal general del estado, Menajem Mazuz, además de asesores legales y políticos. Antes de iniciar la reunión de su gabinete en Jerusalén, el primer ministro calificó la decisión sobre el muro de una «bofetada en la cara» a la lucha global contra el terrorismo.

«Israel rechaza completamente la decisión unilateral del TIJ, que tiene una naturaleza exclusivamente política», señaló Sharón, quien acusó a los jueces del tribunal internacional de ignorar «la razón de la construcción de la barrera, el terrorismo asesino palestino». Defendió asimismo que la continuación de la construcción del muro es «la medida más razonable para combatir este terrorismo criminal». El Tribunal Supremo israelí ordenó ayer al Ejército interrumpir los trabajos de construcción de un nuevo tramo del muro en Cisjordania y reconsiderar su itinerario.

Se trata de un punto a la altura de las aldeas de Dir Balut y Raafat, en el norte de Cisjordania, cuyos habitantes habían interpuesto una demanda ante el Supremo por medio de dos organizaciones israelíes de derechos humanos.