«Estoy y estaré comprometido con que EEUU cumpla sus obligaciones
legales», tanto internas como internacionales, dijo Gonzales en su
intervención ante el Comité Judicial del Senado, que debe
recomendar su confirmación como el 80 secretario de Justicia al
pleno de esta cámara.
«No creo que la Convención sea obsoleta», aseguró ayer Gonzales,
quien fue asediado acerca de ese documento y de otro en el que
estableció una definición laxa sobre qué constituye tortura de
prisioneros.
Durante la audiencia, marcada por un evidente partidismo,
Gonzales afrontó preguntas sobre su posición respecto a la tortura
de prisioneros, la detención indefinida de extranjeros y la
revisión este año de la ley antiterrorista, entre otros puntos
clave.
Como principal asesor legal de la Casa Blanca, Gonzales ha
recibido muchas críticas de los demócratas y organizaciones de
derechos humanos por un memorando de 2002 en el que señalaba que,
ante el nuevo paradigma de la lucha antiterrorista, algunas
cláusulas de la Convención de Ginebra eran «obsoletas».
La sesión de preguntas reflejó las fisuras sobre la confirmación
de Gonzales: mientras los republicanos elogiaban su trayectoria
-repitieron su origen humilde como hijo de inmigrantes mexicanos-,
los demócratas se centraban en exigirle «franqueza».
Desde la oposición, los senadores demócratas Joseph Biden,
Patrick Leahy y Edward Kennedy (Massachusetts) llevaron la voz
cantante al criticar las acciones de Gonzales respecto a varios
documentos que justificaban la tortura.
Kennedy señaló que el Gobierno de Bush no se ha sincerado «sobre
todo el asunto de las torturas, no sólo en Abu Ghraib» y que
Gonzales «nunca» condenó los métodos de interrogatorios para sacar
información de los detenidos.
El diario «The Washington Post» informó este pasado miércoles
que Gonzales estaba muy al tanto de todos los métodos utilizados,
incluyendo simulacros de entierros en vivo y de ahogamientos. En la
sala de audiencias, la presencia de familiares de Gonzales,
contrastó con la de decenas de activistas defensores de los
derechos humanos que exigen respuestas «hasta ahora ausentes».
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