La organización reconoce los «impactos negativos en el respeto de
los derechos humanos del embargo unilateral» económico y comercial
que Estados Unidos impone a la isla desde hace más de 40 años,
indicó Giulia Tamayo, responsable de campañas de la sección
española de Amnistía.
Al cumplirse dos años de la detención de 75 disidentes políticos
condenados en juicios sumarios a penas de cárcel de hasta 28 años,
en una ola represiva sin precedentes, la entidad humanitaria
presentó un informe titulado «Cuba, 71 presos de conciencia
aguardan la libertad», en el cual puntualiza sus «principales
preocupaciones» sobre las situación de esos detenidos.
Amnistía reclama a las autoridades cubanas que respete reglas
mínimas del trato a los prisioneros, investigue casos de malos
tratos en las prisiones y acceda al acercamiento de los presos a
sus domicilios, precisó Gerardo Ducos, investigador de esa
organización para Cuba.
AI pidió además al gobierno de Fidel Castro que elimine la pena
de muerte de su legislación.
Ducos advirtió, no obstante, que «el embargo contribuye a la
violación de los derechos humanos pues el gobierno lo usa como un
pretexto para atacar a la disidencia».
«Amnistía no defiende ni se opone a las ideas de los presos de
conciencia, sino que reclama el cumplimiento de sus derechos
humanos», explicó Tamayo, antes de precisar que el concepto de
preso de conciencia se refiere a quienes «han sido privados de su
libertad por expresar sus ideas pacíficamente».
AI presentó su informe en Madrid cuatro días después de la
visita a España del ministro cubano de Relaciones Exteriores,
Felipe Pérez Roque, para quien el delito de los encarcelados en
marzo de 2003 «no es pensar distinto sino (...) colaborar con una
potencia extranjera».
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