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La Fiscalía de Milán ha solicitado el envío a juicio del primer ministro, Silvio Berlusconi, por presuntas ilegalidades cometidas en la compraventa de derechos de programas por parte del grupo Mediaset en la época en que el líder político era empresario.

Fuentes judiciales confirmaron esa petición, que afecta a Berlusconi y a otra docena de personas más sobre las que ha investigado hasta ahora. Las hipótesis de delito varían para los trece implicados y van desde el fraude fiscal hasta la falsedad en balance, así como la apropiación indebida y el blanqueo de dinero.

El pasado 22 de marzo un tribunal de Milán había decidido investigar oficialmente a Berlusconi por un presunto pago ilegal a un abogado en un caso de compraventa de derechos televisivos. En el caso concreto de Berlusconi, las hipótesis de delito que motivaban la investigación eran la falsedad en balance, fraude fiscal, corrupción en actos judiciales y apropiación indebida.

El origen del caso es la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de Mediaset, en torno a la cual fue creado un entramado de transacciones en las que supuestamente participaron empresas registradas en paraísos fiscales al servicio de Berlusconi.

La fiscalía investiga si esas firmas compraron a distribuidoras estadounidenses un paquete de derechos de emisión televisiva que acabaron en manos de Mediaset por 470 millones de euros después de complejas operaciones financieras en las que se podría haber incrementado artificialmente el precio real de los derechos.

Los fiscales Fabio De Pasquale y Alfredo Robledo quieren que haya un juicio para esclarecer si, por medio de esas transacciones, Mediaset pudo haber desviado a cuentas en el extranjero cerca de 280 millones de euros, además de haber eludido al fisco el equivalente a unos 170 millones de euros entre los años 1994 y 1996.

La solicitud de la fiscalía afecta también al actual presidente de Mediaset, Fedele Confalonieri, así como a otros empleados de ese grupo televisivo o de Fininvest, empresa propiedad de Silvio Berlusconi.