Decenas de personas velan los cadáveres de civiles muertos en Andizhán.

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SERGIO IMBERT-MOSCÚ
Activistas humanitarios acusaron ayer al Ejército uzbeko de matar a más de 300 civiles en Andizhán, escenario de desórdenes de los que el presidente de Uzbekistán, Islám Karímov, responsabilizó a fuerzas integristas de Asia Central. Miles de uzbekos huyen a la vecina Kirguizistán tras los violentos enfrentamiento, lo que ha llevado la rebelión hasta la frontera con esta república.

Karímov afirmó que la rebelión fue tramada por 'akramitas', una corriente radical del movimiento islámico proscrito Hizb-ut-Tahrir, que pretenden «derrocar el régimen constitucional y «crear un califato islámico» en todo Asia Central. Sin embargo, el líder del Partido Democrático uzbeko Erk, Muhamed Salij, afirmó que la rebelión armada marcó el comienzo de una «revolución democrática», y no «islámica». «En Uzbekistán comenzó una insurrección contra la dictadura», dijo Salij sobre el régimen de Karímov, quien gobierna su país con mano dura desde hace 16 años y es acusado de reprimir a la oposición so pretexto de la lucha contra el «integrismo islámico».

El Ejército retomó el viernes el control del Ayuntamiento de Andizhán, ocupado por un grupo de hombres armados, en un asalto durante el cual disparó indiscriminadamente contra miles de civiles que se manifestaban para reclamar la salida del régimen dictatorial de Karímov. Los rebeldes habían atacado una unidad militar para capturar armas y soltaron a centenares de reos de la prisión.

Sus familias protestaban desde hace días en Andizhán denunciando que la acusación es falsa y que en el trasfondo hay una lucha entre clanes por el control de la economía de la zona, donde falta empleo y la población pasa hambre. Uzbekistán, con 26 millones de habitantes, es uno de los países más pobres de Centroasia, y Andizhán está en su zona más explosiva, el valle de Ferganá, compartido por Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikistán y donde pululan grupos integristas y mafias de la droga.