Esta huelga de hambre, que varios medios de comunicación
marroquíes han tildado de «chantaje», ha abierto un debate en el
país entre los sectores que consideran que el Estado debe reprimir
el integrismo sin miramientos y los que denuncian los excesos
policiales y judiciales cometidos tras los atentados.
Los atentados suicidas del 16 de mayo de 2003 mostraron el
calado del islamismo radical en Marruecos, un país que parecía
inmunizado hasta entonces contra el terrorismo integrista, y
conllevaron la aprobación inmediata de una nueva ley
antiterrorista.
Más de cinco mil personas fueron detenidas tras los atentados,
de las que 2.112 han sido inculpadas por los tribunales marroquíes,
que han dictado 903 condenas definitivas, entre ellas 17 penas de
muerte.
Ahora, muchos de estos prisioneros islamistas están echando un
pulso al gobierno con la huelga de hambre que iniciaron el pasado 2
de mayo, que ha causado ya una víctima según varias
asociaciones.
Las autoridades penitenciarias han procedido a la dispersión de
los cuatro presos que están considerados como los ideólogos del
movimiento salafista «Salafiya Yihadía» (Autenticidad y Guerra
Santa), Abdeluaheb Rafiki, alias «Abú Hafs», Hasán Kettani, Mohamed
Fizazi y Omar Haduchi, que estaban internados hasta ahora en la
prisión de Kenitra (35 kilómetros al norte de Rabat).
Los huelguistas de hambre exigen cuatro condiciones para poner
fin a su ayuno, entre ellas la liberación de los detenidos contra
los que no pesan delitos de sangre y la revisión de los juicios de
los que sí fueron inculpados por homicidio.
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