En ningún caso contempla el contenido de las llamadas o de los
e-mails, sino los datos que aparecen en las facturas, recordó el
ministro español José Antonio Alonso, para lo cual en la mayoría de
los Estados miembros se necesitaría una orden judicial.
«Lo más importante es lograr un acuerdo sobre la sustancia y lo
más esperanzador hoy (por ayer) fue que muchos colegas que tenían
temores al respecto se avinieran a resolver el problema», señaló
Clarke al final del Consejo extraordinario de ministros de Interior
de la UE convocado tras los atentados de Londres.
La propuesta sobre retención de datos de comunicaciones
telefónicas y electrónicas, en discusión desde hace más de un año
en el Consejo de ministros, se refiere únicamente a las
informaciones relativas al usuario y el receptor, lugar de la
conexión o aparato utilizado.
Alonso precisó que el objetivo es «dar una respuesta global al
terrorismo» y esa propuesta de decisión-marco permitiría a los
policías acceder a ese tipo de datos cuando sea necesario en el
marco de las investigaciones.
Esa es la propuesta que está en discusión y que se espera sea
aprobada en octubre, siempre «con el máximo respeto por los
derechos y libertades constitucionales que son homogéneos en todos
los Estados de la UE».
Mientras, la Comisión prepara otra propuesta en paralelo, de
directiva, lo que permitiría, si llega a entrar en vigor, la
denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE para los países que
no apliquen esa retención de datos, explicaron fuentes
comunitarias.
Clarke, explicó que en esta cuestión «todavía quedan cuestiones
por resolver sobre el marco legal». Clarke restó así importancia a
las preocupaciones de algunos eurodiputados por la privacidad de
los ciudadanos e insistió en que «las libertades civiles son una
preocupación legítima para cualquier demócrata».
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