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EUROPA PRESS-BRUSELAS
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron ayer la iniciativa planteada por la comisaria de Relaciones Exteriores y Política de Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, de liberar un total de 120 millones de euros para aliviar las necesidades básicas del pueblo palestino y apoyar a la Autoridad Palestina durante el periodo de transición hasta la formación del nuevo gobierno encabezado por Hamás.

La UE es, con diferencia, uno de los principales donantes a los palestinos y suspender la ayuda agravaría la maltrecha situación de sus finanzas.

«Apoyamos el enfoque de la Comisión sobre la ayuda de emergencia para no abandonar al pueblo palestino», anunció al término de la reunión la presidenta en ejercicio del consejo y ministra de Exteriores austriaca, Ursula Plassnik. Los Veinticinco aplazaron, no obstante, la decisión sobre los mecanismos que emplearán para hacer llegar su ayuda a la Autoridad Palestina cuando los islamistas asuman el poder.

La UE sigue a la espera de ver si la formación radical responde a sus peticiones, reconoce al estado de Israel, renuncia a la violencia y asume los compromisos internacionales de la AP, condiciones indispensables para mantener la actual colaboración.

«Quiero ser muy claro: esta ayuda se dirige a la Autoridad Palestina que es la que tiene los acuerdos jurídicos y políticos con la Unión Europea», dijo, por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, partidario de mantener la ayuda a los palestinos «dentro marco institucional» de relación entre la UE y la AP. «Yo desearía poder mantener dentro del marco institucional de relación entre la Unión Europea y la Autoridad Nacional Palestina la ayuda y eso es lo que habrá que discutir», apuntó.

De los 120 millones de ayuda, 64 se harán llegar a la Autoridad Palestina a través de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros 40 millones de euros procederán del presupuesto para 2006 del Programa Meda, destinados a pagar servicios básicos como electricidad y agua o los sueldos de los funcionarios, algo que se considera «urgente». La propuesta del Ejecutivo comunitario plantea liberar la mitad de la partida de 35 millones congelada por el Banco Mundial (BM) a finales de 2005, es decir 17,5 millones de euros, de los cuales España aporta dos millones.