El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se ha declarado competente para investigar la existencia de un presunto delito de torturas relacionado con el supuesto uso del aeropuerto de Son Sant Joan por aviones de la CIA para el traslado de presos. El magistrado explica que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) le obliga a ello por tratarse de un delito de «persecución universal».
La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 es contraria al criterio expresado la semana pasada por el fiscal Vicente González-Mota, cuyo informe defendía la devolución de la causa al juez que comenzó las averiguaciones, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palm, Antonio Garcías, por considerar que la Audiencia Nacional no tenía competencias en este caso. La Fiscalía ya ha anunciado que no recurrirá la decisión «para no dilatar el procedimiento».
En un auto notificado ayer, el juez Moreno recuerda que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ordena a la jurisdicción española conocer de aquellos asuntos que, «según los tratados o convenios internacionales, deban ser perseguidos por España».
La misma ley atribuye a la Audiencia Nacional este tipo de cuestiones, que en el presente caso se refieren a una vulneración de la 'Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes', aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1984 y ratificada por España el 19 de octubre de 1987.
El auto del juez Moreno señala que nos encontramos «ante la hipótesis de que a lo largo de los años 2004 y 2005 miembros de servicios de inteligencia extranjeros habrían llevado a cabo detenciones de presuntos terroristas en otros países y, utilizando diferentes aeronaves, los habrían retenido ilegalmente y trasladado hasta determinados lugares, también de países extranjeros, en cuyo 'ínterin' efectuaron escalas en diversos aeropuertos españoles para la materialización y culminación de tales presuntas actuaciones ilícitas».
La Fiscalía balear archivó, tras estudiar un informe de la Guardia Civil, las diligencias que ella misma había abierto. Sin embargo, al día siguiente un grupo de ciudadanos presentó una denuncia por los delitos de detención ilegal, secuestro y torturas en relación con la utilización de la CIA del aeropuerto de Son Sant Joan, y a raíz de esta denuncia comenzó la instrucción del juez Garcías.
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