La presidenta tendrá ocasión de presentar la nueva ley al Papa Benedicto XVI, y también al primer ministro italiano, Romano Prodi, a los Reyes de España y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que se reunirá en el Palacio de la Moncloa el próximo viernes.
Arroyo dio el visto bueno final a esta ley, que ya había sido aprobada por el Parlamento, poco antes de comenzar una gira europea que la llevará al Vaticano, a Italia y a España. De hecho, los críticos de la presidenta la acusan de haber aprobado esta ley para ganarse a la Iglesia, un poder clave en Filipinas. Arroyo necesita a los obispos para mantener su apoyo popular frente a las acusaciones de fraude electoral en los comicios de 2004, una crisis política que dura ya un año.
El Gobierno español se sumó a la campaña de la sociedad civil en contra de la pena de muerte impuesta a un ciudadano español, Francisco Larrañaga, por un doble crimen que afirma que no haber cometido.
De todas formas, ya antes de la abolición formal de la pena capital, Arroyo decretó el pasado Domingo de Resurrección medidas de gracia para todos los condenados a muerte, conmutándoles la pena por cadena perpetua.
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