Por otra parte, el Comité Judicial del Senado exigió hayer al secretario de Justicia, Alberto Gonzales, que explique todos los detalles del nuevo proceso que seguirá el Gobierno para autorizar escuchas a sospechosos de terrorismo.
Según el manual, los abogados de la Defensa -de presuntos terroristas- no podrían revelar pruebas clasificadas como parte de su defensa hasta que el Gobierno tenga la oportunidad de revisarlas.
El pasado mes de septiembre, el Congreso, controlado entonces por los republicanos, envió al presidente estadounidense, George W. Bush, una proposición de ley en la que se concedía grandes márgenes en los procedimiento de interrogación y detención de presuntos combatientes enemigos.
No obstante, el proyecto de legislación prohibía abusos tales como mutilaciones y violaciones, pero concedían al presidente manga ancha para decidir qué otras técnicas de interrogación se permitían.
Gonzales les informó de la decisión que él mismo anunció el miércoles sobre la retirada del controvertido programa de espionaje sin autorización judicial que había avalado el Gobierno y la creación de un tribunal para supervisar las escuchas. «Las órdenes del tribunal permitirán la rapidez necesaria para proteger a nuestra nación de la amenaza terrorista», dijo el secretario de Justicia y fiscal general, en su primera audiencia ante el Senado.
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