Los delegados abandonan el principal salón de actos tras la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular.

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EFE-PEKÍN
Trece años de discusiones y más de sesenta cambios en el contenido original han tenido que sucederse para que el Legislativo chino aprobase ayer la primera ley que reconoce la propiedad privada en el país y que evidencia la brecha entre dos Chinas: una urbana y capitalista y otra rural y comunista.

Sin embargo, en una concesión a los más ortodoxos, que temían una derrota sin paliativos ante el capitalismo y la renuncia a los más arraigados conceptos socialistas, el texto subraya que la propiedad estatal sigue siendo la «dominante» y descarta la privatización de la tierra en el campo.

Minutos antes de la comparecencia del primer ministro Wen jiabao, los legisladores chinos habían aprobado por 2.799 votos a favor, 37 abstenciones y 52 en contra, y en medio de aplausos, la controvertida Ley de la Propiedad, como colofón a una sesión anual de la ANP que ha terminado siendo histórica. «Todo tipo de propiedad, desde la estatal a la colectiva, individual o de otro tipo, está protegida por la ley y nadie puede atentar contra ella», dice uno de los 247 artículos de la norma.

Recibida con entusiasmo por los urbanitas y nuevos empresarios y con más escepticismo en el campo, la ley pretende ante todo responder a las necesidades del sector privado, que aporta ya la mitad de la riqueza del país, y adaptarse a nuevos conceptos como la propiedad intelectual.

«Es un avance para proteger que los bienes legales no sean invadidos. Asegura que todos los bienes son iguales, sin importar si son estatales, privados o colectivos», apuntó Wu Qing, directora del Centro de Desarrollo para las Mujeres Rurales.

Pero otros expertos creen que la ley supondrá pocos cambios para la vida en el campo, donde la propiedad seguirá siendo cedida por el Estado en usufructo a los campesinos por periodos de hasta 70 años. Las numerosas expropiaciones forzosas efectuadas en los últimos años por los corruptos políticos locales han dejado indefensos a millones de campesinos, muchos de los cuales se han visto obligados a emigrar a las ciudades, y se ha saldado con innumerables protestas que amenazan la estabilidad social. «El Estado da protección especial para las tierras de cultivo restringiendo estrictamente la transformación de tierra para agricultura en tierra para construcción, y manteniendo bajo control la cantidad total usada para la construcción«, dice la nueva ley.

Además de la Ley de la Propiedad, los diputados aprobaron la nueva ley de impuestos, que sube las tasas que deben pagar las compañías extranjeras para equipararlas a las chinas (25% de los ingresos), y el presupuesto para 2007, que establece un incremento del 17,8 por ciento para el gasto militar.