Villepin, imputado por presunta maquinación contra Sarkozy

Apenas cincuenta minutos pasó Villepin ante los magistrados instructores del llamado «caso Clearstream», muy lejos de las diecisiete horas que duró su primera comparecencia ante los jueces Jean-Marie d'Huy y Henri Pons en diciembre de 2006. La diferencia estriba en que entonces compareció como simple testigo y respondió a todas sus preguntas, mientras que hoy fue con el paraguas de «testigo asistido» por dos abogados, y pidió y obtuvo de los jueces un aplazamiento para estudiar el voluminoso sumario, que ha acumulado veintiséis tomos en sus tres años de existencia. Villepin encausado además por «receptación de robo y de abuso de confianza», así como por «complicidad de uso de falsificación de documentos», se convierte en el primer político encausado en esa antigua trama para tratar presuntamente de cerrar el paso al Elíseo a Sarkozy, lo que da a este sumario un giro de «asunto de Estado».

Los jueces le han prohibido que se encuentre con el ex presidente francés Jacques Chirac o con los otros protagonistas de este asunto. En el control judicial que le han impuesto -y que el ex primer ministro ha recurrido- figura además una fianza de 200.000 euros, pero no incluye medidas coercitivas en cuanto a sus movimientos, por lo que podrá viajar sin cortapisas, según fuentes judiciales. El que fuera jefe del Ejecutivo francés desde principios de junio de 2005 hasta el 17 de mayo pasado insistió ayer en que cuando encargó investigar en 2004 los listados de Clearstream lo hizo «estrictamente en el marco» de su «deber como ministro» de Asuntos Exteriores y luego de Interior, para «hacer frente a amenazas internacionales» que podían afectar a «intereses económicos» galos.

Esos listados de cuentas corrientes de políticos e industriales franceses en el extranjero, que luego se demostró que habían sido falsificados, hacían sospechar casos de corrupción al margen de una venta de seis fragatas francesas a Taiwán en 1991.