Los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) abogaron ayer por mejorar la coordinación entre países en las tareas de supervisión financiera, para garantizar un funcionamiento eficiente del mercado y la reducción de los riesgos.
Al término de la reunión informal celebrada en Oporto, el ministro portugués Fernando Teixeira dos Santos, cuyo país preside este semestre la UE, destacó que la creciente interconexión de los mercados y la elevada actividad transfronteriza de las entidades plantean nuevos riesgos a las autoridades.
Los ministros incidieron en la solidez del sector financiero europeo, demostrada, a su juicio, durante las recientes turbulencias en los mercados derivadas de la crisis hipotecaria estadounidense, pero coincidieron en que es conveniente seguir trabajando para reforzar la efectividad del marco regulador.
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, señaló, por su parte, que los bancos más grandes de Europa tienen cada vez un porcentaje mayor de sus activos en otros países del continente, una evolución que obliga a reforzar la coordinación entre reguladores y supervisores nacionales.
Los ministros apoyaronlas propuestas del Comité Económico y Financiero -un órgano técnico dependiente del Ecofin- para mejorar la gestión de posibles crisis financieras, un conjunto de medidas que serán ratificadas formalmente en octubre.
Entre ellas figura el aumento de la cooperación entre los titulares de Finanzas, los bancos centrales y las autoridades de supervisión de todos los estados miembros, pero también se contempla el establecimiento de acuerdos bilaterales entre países sobre cuestiones de interés común.
Sobre el modo de afrontar posibles crisis en entidades financieras de la Unión, sugiere facilitar la transferencia de activos entre filiales de un mismo grupo, clarificar las normas en caso de liquidación de entidades con presencia en varios países o cuando haya que recurrir a los fondos de garantía de depósitos, cuyo control corresponde a las autoridades nacionales.
Estas medidas podrían aplicarse a partir de 2008 ó 2009, según se recoge en el informe presentado a los ministros por el Comité Económico y Financiero.
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