El Parlamento Europeo da un respaldo abrumador al Tratado de Lisboa

El Parlamento Europeo aprobó ayer por amplia mayoría un dictamen favorable al Tratado de Lisboa, la nueva base legal que regirá a las instituciones de la Unión Europea y que reemplaza a la fallida Constitución.

Los grandes grupos políticos dejaron patente su respaldo a un informe que obtuvo 525 votos a favor, 115 en contra y 29 abstenciones, mientras algunos euroescépticos exhibieron su rechazo disfrazados de gallina, para ilustrar la cobardía que muestran a su juicio los gobiernos europeos al no someter el texto a referéndum.

Todos los diputados del PP y el PSOE votaron a favor excepto Josep Borrell, que lo hizo en contra por error, según fuentes de su gabinete, mientras que Mikel Irujo (EA) y Raúl Romeva (ICV) se abstuvieron.

El dictamen parlamentario, que no es jurídicamente vinculante, destaca que el nuevo texto racionaliza el funcionamiento de las instituciones, las hace más «democráticas» -en particular, aumentando el poder del Parlamento- y blinda los derechos de los ciudadanos. Celebra, entre otras cosas, el refuerzo de las competencias del Alto Representante de la Política Exterior, la introducción de un nuevo sistema de voto o la promulgación de la Carta de Derechos Fundamentales.

Pero lamenta las exenciones obtenidas por el Reino Unido y Polonia, así como la renuncia al «enfoque constitucional» del proyecto original, que consagraba la bandera y el himno europeos y definía al Alto Representante como «Ministro de Exteriores» de la UE.

«El Tratado de Lisboa no es el Tratado constitucional. Hemos tenido que abandonar muchas ambiciones y yo lo lamento. Pero creo que lo esencial de la Constitución está en el Tratado de Lisboa», dijo el español del Partido Popular Europeo Iñigo Méndez de Vigo, coautor del dictamen junto al laborista británico Richard Corbett.

El Tratado «responde a los miedos de quienes piensan que estamos construyendo una especie de superestado», aseguró por su parte Corbett, respondiendo a las críticas de quienes exigen al Gobierno británico de Gordon Brown que someta el nuevo texto a referéndum.