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EFE-RANGÚN/BANGKOK La Junta Militar de Birmania dio ayer el mayor paso hacia la institucionalización del régimen con la celebración del referéndum en las áreas del país que escaparon del ciclón Nargis y de la destrucción, cuya magnitud oculta a la población.

Con un millón y medio de personas amenazadas por epidemias y sin apenas comida ni agua potable desde el pasado fin de semana, los colegios electorales de la mayor parte del país abrieron sus puertas para que los birmanos obedecieran la orden de los generales de «cumplir con el deber de aprobar la Constitución».

Largas hileras de funcionarios y civiles con la vestimenta nacional, requerida para la ocasión por las autoridades, guardaron cola para participar en la votación, que tuvo lugar en las regiones del centro, norte y del sureste de Birmania, que no fueron golpeadas por 'Nargis'.

La junta, para la que el desastre causado por el ciclón supone un «inconveniente», según ha dicho, aplazó la votación hasta el próximo 24 de mayo en las áreas que circundan Rangún, la antigua capital, así como en el delta del río Irrawaddy, arrasado por el ciclón, que ha dejado 3.335 muertos, 37.019 desaparecidos y casi millón y medio de desplazados, de acuerdo a las autoridades. "Los birmanos vamos a votar, pero le aseguro que nuestro voto no tiene ningún valor, es un paso que dan los generales para eternizarse en el poder», dijo Thi, un ex oficial del Ejército y activista opositor, que por motivos de seguridad pidió no revelar parte de su nombre.

Por su parte, el principal partido de la oposición democrática, la Liga Nacional por la Democracia (LND), que dirige la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, denunció un fraude masivo. El portavoz de la LND, Nyan Win, indicó a la revista disidente «The Irrawaddy», con sede en Tailandia, que agentes gubernamentales acudieron a las casas de los que no se personaron a votar y les obligaron a firmar como que depositaron el voto.

Por su parte, residentes en varios distritos dijeron haber visto a funcionarios entregar papeletas rellenadas a los que hacían cola. Desde que se anunció la convocatoria, el 9 de febrero de 2008, los cuerpos de seguridad han intimidado o detenido a toda persona que ha manifestado su rechazo al borrador constitucional.