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EFE-ROMA El Gobierno italiano rechazó ayer la violencia vivida en Nápoles contra campamentos de gitanos, en su mayoría originarios de Rumanía, al tiempo que ha continuado con las redadas para la expulsión de extranjeros, pese a las críticas recibidas.

El ministro del Interior, Roberto Maroni, perteneciente a la Liga Norte, partido aliado del primer ministro, Silvio Berlusconi, calificó de «injustificables» los incendios, días atrás, de cinco campamentos gitanos vacíos en la ciudad de Nápoles.

«Se puede evitar que la rabia prevalezca sobre las reglas de la convivencia civil y que se repitan episodios de injustificable violencia como los que se han producido lamentablemente en Nápoles», dijo el ministro, en una alocución durante el 156 aniversario del Cuerpo de Policía.

Sin embargo, aseguró que el Estado dará todo el apoyo «para mejorar la seguridad» de Italia.
Es intención del Gobierno «gestionar con orden y rigor la inmigración interna y externa de la Unión Europea para garantizar la convivencia pacífica, de hoy y del mañana, de todos los pueblos», agregó Maroni.

Mientras Maroni pronunciaba esas palabras, once rumanos con antecedentes penales fueron expulsados en un vuelo a Bucarest.
Además, durante la noche, se llevaron a cabo en Roma tres controles y redadas en otros tantos campamentos de gitanos en busca de emigrantes ilegales, donde fueron apresadas cincuenta personas sin documentos en regla.

Tanto la violencia vivida en Nápoles como el anuncio y puesta en marcha de la expulsión de los inmigrantes que están en Italia de forma ilegal se producen apenas llegado Berlusconi al poder.

Berlusconi y sus socios hicieron de la persecución de la pequeña delincuencia común y la inmigración ilegal una de las principales banderas en su campaña electoral y, después, en su programa de Gobierno para esta legislatura.

El primer ministro anunció que el próximo día 21 el Consejo de Ministros aprobará un decreto-ley sobre seguridad pública y lucha contra la inmigración ilegal. Hasta el momento, nadie en Italia parece objetar las actuaciones del Gobierno, que no han tenido respuesta de la oposición.