El Gobierno italiano inició ayer los trámites para penalizar a los 'sin papeles'. El primer Consejo de Ministros de la nueva era de Silvio Berlusconi sirvió para aprobar, entre otras medidas, un proyecto ley que califica la inmigración clandestina de delito. Esta polémica iniciativa, que deberá pasar por el trámite del legislativo, se produce cuando son recientes los ataques violentos contra los gitanos rumanos.
El flamante Ejecutivo acudió a Nápoles, como había prometido Berlusconi, para celebrar su primer Consejo de Ministros de la legislatura. Todas las miradas estaban puestas en las posibles medidas que se pudiesen adoptar contra la inmigración.
Pese a los rumores de que la penalización de la clandestinidad quedaría relegada por el momento tras la oleada de ataques contra gitanos rumanos y las críticas vertidas tanto desde Italia como desde el extranjero, el Gobierno finalmente aprobó considerarla un delito, con penas de entre seis meses a cuatro años de prisión. Así lo confirmó el ministro de Interior, Roberto Maroni, al término de la reunión.
El Ejecutivo rechazó la propuesta para que el Ejército ayude a la Policía a patrullar las áreas más peligrosas de las ciudades, pero sí da la primera luz verde de medidas a adoptar en los próximos meses, como facilitar la expulsión de los 'sin papeles', confiscar las propiedades arrendadas por los inmigrantes o alargar el tiempo requerido para dar al extranjero la ciudadanía italiana.
Además, se castigará con hasta tres años de cárcel usar menores para mendigar, se prolongará el tiempo que los extranjeros pueden permanecer internados en centros e incluso se verificará la entrada de ciudadanos de la UE que permanezcan en el país transalpino, entre otras medidas.
Por otra parte, el Ejecutivo acordó derogar un impuesto sobre las primeras residencias y recortar los impuestos sobre las horas extras y los bonos vinculados con las mejoras en la productividad. Ambas medidas habían sido prometidas por Berlusconi durante la campaña.
El Consejo de ministros de Italia aprobó ayer un decreto ley para afrontar la crisis de la basura en la región sureña de Campania, cuya capital es Nápoles, que incluye la declaración de zonas militarizadas para los vertederos. Se reabrirán cinco vertederos, que serán considerados «zonas de interés estratégico nacional» «Serán verdaderas áreas militarizadas, y estarán protegidas por las fuerzas armadas», explicó Berlusconi, que añadió que el lugar donde se situarán será secreto hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, para quien se introdujera en esas zonas se prevén penas que van de los tres meses a un año de cárcel, mientras que las condenas serán de hasta cinco años para quienes causen desordenes que impidan la normal utilización de los basureros.
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