El tratado internacional que prohíbe el uso, fabricación y almacenamiento de las bombas de racimo fue aprobado ayer en la conferencia que celebrada en Dublín, según anunció el Gobierno irlandés.
Los 109 países que participan en estas conversaciones desde el pasado 19 de mayo lograron un «amplísimo consenso» sobre el último texto de la presidencia irlandesa, que aborda la mayoría de demandas planteadas por la organización humanitaria Coalición contra las Bombas de Racimo (CMC).
El tratado, no obstante, ha sido negociado sin la participación de los principales productores y usuarios de este tipo de armas (Estados Unidos, Israel, Rusia, China, India y Pakistán), que se oponen a su prohibición.
El Gobierno irlandés presentará en Dublín este viernes el texto final, que ratificarán los países firmantes en una ceremonia que se celebrará en Oslo el próximo 2 de diciembre.
El subdirector general de No Proliferación y Desarme del Ministerio español de Asuntos Exteriores, Ignacio Sánchez de Lerín, indicó que el documento «cumple con los objetivos marcados y que España también ha dado el visto bueno al contenido del nuevo tratado».
También la CMC consideró que el encuentro de Dublín ha sido el más importante que se ha celebrado en el mundo sobre cuestiones de desarme desde que en 1997 se prohibiese en Ottawa (Canadá) el uso de la minas antipersonales.
Los países participantes han acordado «prohibir, bajo cualquier circunstancia, el uso, desarrollo, fabricación, adquisición y almacenamiento» de bombas de racimo, cuyas víctimas son mayoritariamente civiles.
Pese a ello, después de intensas discusiones para redefinir qué tipos de bombas de racimo «causan daños inaceptables a civiles», el borrador introduce una excepción para las bombas de fabricación alemana «Smart 155», lo que ha disgustado a algunos participantes.
Esta munición dejará de clasificarse como «bomba de racimo», ya que «elimina los riesgos y efectos producidos por submuniciones que no han explotado en áreas indiscriminadas», sobre todo zonas civiles.
También están equipadas «con mecanismos de auto-seguridad», es decir, contienen «una combinación de mecanismos de autodestrucción y autodesactivación» que eliminan el «efecto mina» que adquieren estas armas cuando no explotan. Por contra, quedarán prohibidas, entre otras, las «MAT-120» de la empresa española Instalaza, que no cumplen otros criterios.
El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, John Holmes, advirtió ayer que la protección a las poblaciones civiles atrapadas en conflictos armados como los de Colombia, Oriente Medio, o Sudán, es todavía insuficiente. Holmes aseguró en una intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la mayoría de las víctimas de esos conflictos siguen siendo civiles, a menudo debido a las flagrantes violaciones de las leyes internacionales humanitarias que cometen las partes.
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