El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió ayer al Gobierno de Sudán que garantice la seguridad de las fuerzas de la ONU en ese país, después de que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) dictara una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hasan al Bashir.
«Es esencial para la ONU continuar con sus operaciones de mantenimiento de la paz y su labor humanitaria en Sudán y contamos con el Gobierno de Sudán para que garantice la seguridad del personal de la ONU y sus instalaciones», afirmó Ban tras reunirse con el ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner.
Ban expresó su esperanza de que el Gobierno de Sudán actúe «con sabiduría y plena cooperación con la ONU».
El fiscal de la CPI, Manuel Moreno Ocampo, acusó ayer al presidente sudanés de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio en Darfur, donde han muerto más de 300.000 personas en cinco años de conflicto, y pidió su detención, una decisión sobre la que deben pronunciarse los jueces de la sala preliminar del tribunal.
Ban recordó ayer que ese tribunal «es un órgano independiente» y afirmó que «la paz y la justicia deben ir de la mano».
La misión militar conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur (Unamid) anunciaron la «suspensión indefinida» de sus actividades como medida preventiva ante un posible brote de la violencia tras la orden de detención contra el presidente sudanés.
Preguntado sobre si apoyaría a la CPI incluso si pusiera en peligro la misión de paz de la Unamid, Kouchner respondió que «no se puede decir una cosa y hacer la contraria».
«Sabemos cuáles son las consecuencias pero somos partidarios de la Corte Internacional y pensamos y sabemos que no es posible ir contra sus decisiones», declaró. Sin embargo, «somos conscientes de la necesidad de hablar» con Al Bashir y de que no haya provocaciones, argumentó el responsable diplomático francés.
Al Bashir «debe respetar» las decisiones de la CPI, según el ministro, al tiempo que insistió en que hay que ser «muy prudentes con la seguridad de nuestra gente».
La presidencia francesa de la Unión Europea (UE) recibió ayer con cautela la noticia.
En un comunicado, la presidencia francesa de la UE reiteró su demanda de que se cumplan las órdenes de detención dictadas en mayo pasado por la CPI contra el ex viceministro del Interior sudanés Ahmad Mohamed Harun y el líder de la milicia Yanyauid, Ali Kushayb.
Y se limitó a señalar que «corresponde a los jueces de la sala preliminar de la CPI pronunciarse sobre el seguimiento que quieren dar a la petición del fiscal».
Aunque otros jefes de Estado (Milosevic y Taylor) ya fueron inculpados por tribunales internacionales, es la primera vez que se acusa a un mandatario en funciones.
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