Timothy Geithner (i) y Ben Bernanke, ayer ante el Comité de Finanzas del Congreso de EEUU. g Foto: EFE

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JORGE A. BAÑALES-WASHINGTON El Gobierno de EEUU reiteró ayer su disgusto por el pago de bonificaciones millonarias a ejecutivos de una firma intervenida por el Estado, y pidió al Congreso nuevas atribuciones para la intervención y liquidación de otras empresas.

Igualmente, el presidente de EEUU, Barack Obama, dijo en la Casa Blanca que «espera que no lleve mucho tiempo convencer al Congreso» para que apruebe el establecimiento de una nueva agencia con atribuciones para la intervención de entidades financieras no bancarias cuyo colapso puede devastar todo el sistema financiero.

Esta posición fue defendida ayer por el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y el Secretario del Tesoro, Tim Geithner, quienes comparecieron ante el Comité de Finanzas de la Cámara de Representantes, en una audiencia centrada en la intervención gubernamental de la aseguradora American International Group (AIG).

En septiembre pasado, y al borde de lo que Bernanke describió como «un cataclismo financiero como el de los años 1930» si AIG iba a la quiebra, el Tesoro y la Reserva Federal inyectaron a la empresa 85.000 millones de dólares.

En noviembre, el gobierno del presidente George W. Bush agregó 97.500 millones de dólares al salvamento de AIG, de los 700.000 millones de dólares que le había dado el Congreso el mes anterior como andamio para impedir el colapso de todo el sistema financiero.

Fidelización
Desde entonces, AIG ha pagado unos 165 millones de dólares en bonificaciones a sus ejecutivos bajo contratos firmados antes de la intervención con el propósito de que el ejecutivo contratado siga trabajando en la firma.

Bernanke, que según dijo ayer intentó impedir que se pagaran esas bonificaciones, explicó a los legisladores que el caso de AIG demuestra por qué la Reserva y el Tesoro necesitan más atribuciones «para intervenir y proceder a la liquidación ordenada» de entidades financieras fallidas.

El presidente del Comité, Barney Frank, recordó a los funcionarios que la intervención en AIG la decidió el poder Ejecutivo, y sugirió que el Congreso debería asignar a una agencia la autoridad para la liquidación de entidades no bancarias.