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EFE-WASHINGTON La Agencia de la Protección Ambiental de EEUU dio ayer un giro radical a la política del anterior gobierno de George W. Bush al declarar al CO2 y otros cinco gases como «contaminantes y perjudiciales para la salud».

En un comunicado difundido, la EPA reconoce que, tras una investigación científica ordenada por el Tribunal Supremo en 2007, ha llegado a la conclusión de que «los gases que generan el efecto invernadero contribuyen a la contaminación del aire y suponen un peligro para la salud y el bienestar público».

Con este cambio de postura, el Gobierno de EEUU pone en marcha el proceso para regular por primera vez la emisión de los gases a los que se culpa por del calentamiento global.

La administradora de la EPA, Lisa P. Jackson, aseguró en un comunicado que la investigación que se ha llevado a cabo confirma que la contaminación de los gases invernadero «es un problema grave en la actualidad y para las futuras generaciones».

«Afortunadamente -apunta- el estudio se produce después de que el presidente Obama haya hecho un llamamiento para reducir las emisiones y haya urgido al Congreso a potenciar legislaciones que favorezcan las energías limpias».

Para Jackson, «combatir este tipo de emisiones puede crear millones de puestos de trabajo y reducir la dependencia del petróleo extranjero y crear una industria de transporte más eficiente».

La EPA, que considera que los hallazgos de la investigación son «apremiantes y abrumadores», ha abierto un periodo de consultas de 60 días, antes de proponer una regulación sobre la emisión de los gases invernadero.

En los últimos años, EEUU ha sido criticado por exigir a los demás países industrializados que pongan límite a sus emisiones de carbono, pero sin regular sus propias emisiones contaminantes. Además, ha firmado el Protocolo de Kyoto, pero no lo ha ratificado y, por tanto, no lo aplica.

Pese a la importancia del anuncio, la EPA no ha fijado ningún objetivo para la reducción de esos gases.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Salud de EEUU propuso ayer nuevas reglas que suavizan, pero no eliminan, los límites a la financiación gubernamental de la investigación de las células madre en el país.

Las reglas, que ahora quedan sometidas a consultas del público hasta julio antes de la formulación definitiva, limitan la financiación federal a los embriones desechados en las clínicas de fertilidad, y prohíben esa financiación para embriones clonados.

Barack Obama, derogó en marzo las restricciones impuestas en 2001 por su predecesor, George W. Bush, al uso de fondos del gobierno federal para la investigación de esas células que tienen la capacidad de desarrollarse como parte de cualquier tejido en el cuerpo. Los científicos, que confían en que esas células servirán para reparar daños causados por enfermedades como la diabetes o el Mal de Alzheimer, sostenían hace años que las más aptas para tratamientos eran las obtenidas de embriones humanos.