El Vaticano introduce el delito de posesión de pornografía infantil por parte del clero

En las nuevas normas, presentadas ayer, también equipara los abusos contra discapacitados psíquicos adultos a los cometidos contra menores y establece que la Congregación para la Doctrina de la Fe pueda juzgar, previa orden del Papa, a cardenales, patriarcas y obispos por delitos contra la fe, la costumbre y la moral, en los que se incluye la pederastia.

Se trata de la puesta al día del documento De Delicta Graviora , de 2001, anexo al motu proprio Sacramentorum santictatis tutela , de Juan Pablo II, sobre los delitos más graves contra la moral y los sacramentos, entre ellos los abusos sexuales a menores por parte de clérigos.

«Rigor y transparencia»

El portavoz vaticano, el jesuita Federico Lombardi, subrayó que estas nuevas normas demuestran la decisión de la Iglesia de actuar «con rigor y con transparencia» para afrontar los casos de abusos sexuales de clérigos a menores, decenas de ellos ocurridos durante décadas en EEUU, Irlanda, Australia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda e Italia, entre otros países.

Aunque se trata de normas y sanciones exclusivamente internas a la Iglesia, Lombardi precisó que se da por descontada la colaboración con las autoridades civiles «y el cumplimiento de lo previsto por las leyes civiles» de cada país.

A este respecto, el promotor de Justicia (fiscal) del Vaticano, el arzobispo Charles Scicluna, indicó que «hay que obedecer las leyes civiles sin esperar el éxito del proceso canónico».

Scicluna dijo también que el «secreto pontificio», es decir la confidencialidad de los procesos canónicos a los curas pederastas, jamás debe impedir la denuncia a las autoridades civiles.

El Vaticano ha vuelto a proponer la confidencialidad de los procesos para tutelar la dignidad de las personas implicadas.

La nueva normativa contempla que los procesos sean más rápidos para que el sacerdote culpable sea reducido lo más pronto posible al estado clerical.

Además de la pederastia, también endurece las normas referentes a la ordenación sacerdotal de mujeres -el Vaticano lo considera un delito «gravísimo»-, la herejía, la apostasía y el cisma, casos de los que se ocupará directamente la Congregación para la Doctrina de la Fe, heredera del desaparecido Santo Oficio.