Así lo señaló ayer el ministro británico de Justicia, Kenneth Clarke, en una intervención ante la Cámara de los Comunes, en la que aclaró que ese acuerdo no implica «admisión de culpabilidad» por parte del Ejecutivo pero que, en cambio, «ayudará a allanar el camino hacia el comienzo de una investigación». Algunos de los querellantes, todos ellos ciudadanos o residentes en este país, permanecieron retenidos en el centro de detención de la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba).
Seis de ellos acusaron a las fuerzas de seguridad británicas de complicidad en las torturas a las que fueron sometidos en los interrogatorios sufridos antes de llegar a Guantánamo.
La alternativa al pago de compensaciones a los 16 ex reclusos podría haber «comprometido la seguridad nacional» y habría resultado, según explicó ayer el titular de Justicia, en un proceso «largo y extremadamente caro», con un coste estimado de entre 30 y 50 millones de libras (entre 35 y 58 millones de euros).
Justicia y seguridad
«Hemos pagado ese dinero para poder avanzar», subrayó Clarke sobre un acuerdo que representa, a la vez, «un paso adelante significativo para poner en práctica los planes del Gobierno de llegar a una resolución en estos asuntos por el interés de la Justicia y de la seguridad nacional».
El primer ministro británico, David Cameron, «ha aclarado repetidamente que su Gobierno de coalición de conservadores y liberal demócratas continúa inquebrantable en su oposición a la tortura o a la vejación de prisioneros o detenidos», según apuntó Clarke. Por su parte, los servicios de inteligencia británicos, negaron en todo momento haber sido cómplices o tolerado el empleo de la tortura.
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