El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, informó hoy a través de la red social Twitter de la aprobación del texto en la cumbre extraordinaria celebrada hoy en Bruselas.
El texto propone dedicar los fondos disponibles a «mecanismos de apoyo a gran escala para que los jóvenes puedan trabajar o acceder a formación», además de elaborar «planes nacionales de empleo», cuya ejecución será supervisada desde Bruselas, reducir la segmentación de los mercados laborales y rebajar la fiscalidad del trabajo.
La declaración -la primera en la que los líderes europeos se centran exclusivamente en la grave situación del empleo en la UE-, señala que en la UE hay actualmente 23 millones de parados, y advierte de que la tasa de desempleo «seguirá siendo alta» si no se mejora el ritmo de crecimiento económico.
La declaración hace especial hincapié en la necesidad de resolver el problema del desempleo juvenil, que en España afecta a casi la mitad de los menores de 25 años, la mayor tasa de los Veintisiete.
En particular, propone promover los programas de becas, prácticas y estancias en el extranjero, de modo que estas iniciativas supongan «oportunidades reales para los jóvenes».
El objetivo es que todo joven europeo que termine su formación disponga en un plazo máximo de cuatro meses de una «oferta de buena calidad» para trabajar, continuar su formación, realizar unas prácticas o un programa de aprendizaje.
Para fomentar la movilidad dentro de la UE, se sugiere la revisión de la normativa comunitaria de reconocimiento de títulos y cualificaciones profesionales, aumentar el número de plazas disponibles en los programas de prácticas en el extranjero, y avanzar en la coordinación de los sistemas de pensiones.
Todas estas medidas se financiarían mediante la redistribución de 22.000 millones de euros del Fondo Social Europeo (FSE) sin utilizar correspondientes al período 2007-2013 para toda la UE, según explicaron fuentes comunitarias.
De esta cantidad, a España corresponden unos 2.700 millones de euros, que ascienden a 4.000 millones si les añade la cofinanciación que debe aportar el Estado.
En el apartado dedicado a las pymes, se apuesta por destinar ayudas del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de los fondos estructurales a las empresas, además de reducir las cargas administrativas y los trámites legales para las mismas.
El texto pide a las autoridades de supervisión bancaria nacionales y europeas (el EBA) que «aseguren que la recapitalización de los bancos no lleva a una falta de financiación» para las pymes, así como que garanticen «una rigurosa aplicación por todos los bancos de la legislación europea que restringe los bonos».
Los socios europeos se comprometen a hacer mayores esfuerzos para facilitar el crédito a las pymes y a poner en marcha medidas en este sentido antes de junio.
Asimismo, en un punto dedicado a completar la integración del mercado común, los Veintisiete incluyen una mención sobre la necesidad de modernizar los regímenes europeos de derechos de autor y de lucha contra la piratería, teniendo en cuenta la diversidad cultural para explotar al máximo el potencial de la «economía digital».
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