OBAMA ACUSA A SENADORES DE CEDER A PRESIONES Y MENTIRAS DEL LOBBY PRO ARMAS

MHR42- WASHINGTON (DC, EEUU), 17/04/2013.- El presidente de EE.UU., Barack Obama (3d), abraza a Nicole Hockley (2d), junto al vicepresidente, Joe Biden (3i), la exrepresentante demócrata por Arizona, Gabby Giffords (2i), y otras víctimas de la violencia por armas en el Rose Garden de la Casa Blanca, hoy miércoles 17 de abril de 2013, en Washington DC (EEUU). Obama acusó a algunos senadores de ceder a las presiones del "lobby" pro armas al rechazar la enmienda bipartidista que pretendía ampliar la verificaci | Drew Angerer / POOL

Agencias18/04/13 0:00
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El Senado de Estados Unidos rechazó todas las enmiendas a la legislación sobre el control de armas que se sometieron a voto, incluido el acuerdo bipartidista sobre la verificación de antecedentes, la mayor esperanza del Gobierno de Barack Obama para mitigar la epidemia de violencia ligada a las armas de fuego.

El texto bipartidista, defendido por los senadores Pat Toomey, republicano por Pensilvania, y Joe Manchin, demócrata por Virginia Occidental, obtuvo 54 votos a favor y 46 en contra, pero todas las enmiendas debían reunir un mínimo de 60 votos para continuar su tramitación en el Senado.

El compromiso que habían alcanzado ambos senadores preveía un control de antecedentes más estricto que el actual, pero menos duro que lo originalmente solicitado por el presidente Obama y los demócratas del Congreso, que trataban de que fueran obligatorias las revisiones de antecedentes penales y de salud mental para casi todo tipo de ventas.

Demócratas del no

Los senadores demócratas Marcos Pryor (Arkansas), Max Baucus (Montana), Heidi Heitkamp (Dakota del Norte), Mark Begich (Alaska) y el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid (Nevada) votaron en contra.

Reid apoyaba la medida, pero votó en contra para preservar su capacidad de someter la enmienda de nuevo a votación.

El director ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos (NRA, siglas en inglés), Chris Cox, aseguró tras la decisión de la Cámara Alta que el texto habría criminalizado a ciudadanos honestos.