La crisis gubernamental originada por su detención durante una excursión escolar la semana pasada y su posterior expulsión se vio alimentada por dos días de manifestaciones estudiantiles y por la necesidad de encargar un informe a la inspección general de la Administración para determinar si se cometió alguna infracción.
Las conclusiones de ese documento, de 24 páginas y difundido públicamente éste sábado en la página web del Ministerio del Interior, establecen que la expulsión fue conforme a la normativa en vigor, pero que no debería haber tenido lugar en el marco escolar.
Así lo destacó éste sábado Hollande en una breve declaración desde el Elíseo, en la que no criticó los motivos de la deportación pero sí la «falta de discernimiento» de su ejecución, y en la que apeló a «razones humanas» para avalar el regreso de la adolescente.
«Si lo pide, teniendo en cuenta las circunstancias, y si quiere proseguir su escolaridad en Francia, será acogida, ella sola», dijo desde la sede de la presidencia, recalcando que «la escuela debe ser preservada de los conflictos de la sociedad», y que se va a reforzar la instrucción que prohíbe ese tipo de actuaciones en el marco escolar.
Dibrani, de 15 años de edad, se dirigía con sus compañeros de clase y sus profesores el pasado 9 de octubre a visitar la ciudad de Sochaux, cerca de la frontera suiza, cuando fue detenida para, posteriormente, ser deportada a Kosovo.
Y desde Mitrovica, donde reside desde la semana pasada con sus padres y sus cinco hermanos, dejó claro éste sábado que no va aceptar la oferta lanzada por el presidente.
«No soy un perro, un animal. No quiero una familia de acogida. Tengo mi familia. Con ella sí, pero no sin ella. Creo que Hollande ni siquiera ha mirado nuestro dossier. No quiero juzgarlo, pero en mi opinión, no ha hecho bien su trabajo», dijo en declaraciones recogidas por la cadena BFM TV.
El padre, Resat, de origen kosovar, ha contribuido estos días a la polémica al afirmar en la prensa que tanto su mujer como cinco de sus seis hijos, incluida Leonarda, nacieron en verdad en Italia, pero decidieron mentir sobre sus orígenes ante las autoridades de inmigración para tener más posibilidades de obtener el asilo.
Cerradas la vía administrativa y la judicial que condujo a la deportación, y recibida la negativa de volver todos juntos a Francia, el padre adelantó hoy que piensan entrar de nuevo en el país de forma ilegal.
Cinco de sus hijos, según recalcó, estaban escolarizados en Francia desde hacía casi cuatro años, y todos ellos, en su opinión, deberían tener el derecho a mantener sus estudios.
La polémica ha vuelto a poner en el centro del debate público la política de inmigración del ministro de esa cartera, Manuel Valls, cuestionado en este último caso más por la mayoría gubernamental que por la derecha francesa.
La orden de deportación emitida por la prefectura de Doubs fue consecuencia de varios años de intentos de regularización fallida, y, pese a la tormenta política desatada tras su ejecución, siete de cada diez franceses dicen apoyar esa medida.
Un sondeo difundido éste sábado por el instituto demoscópico BVA indica que solo un 46 por ciento se declara indignado por esa decisión, y otro 65 por ciento, según esos resultados, se oponía a que el Ejecutivo anule la expulsión y a que la familia pueda volver a Francia.
Aprobado ese regreso parcial, que no ha contentado ni a la familia ni a organizaciones como Tierra de Acogida, no han faltado ahora críticas a la concesión, que alejan la posibilidad de cerrar este caso de forma inminente.
Hollande, según resumió el diputado de la conservadora Unión por un Movimiento Popular Eric Ciotti, ha «ridiculizado» al país «al renunciar a la autoridad del Estado con su propuesta de acoger a Leonarda a pesar de las decisiones judiciales».
1 comentario
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Esta solución que han dado a la niña, es como el que tiene tos y se rasca.Es decir, no sirve para nada.Muy difícil de resolver es la inmigración y sus consecuencias, pero esta solución parece de Jaimito.Es lo mismo que decirle no vuelvas.