El documento llega a la conclusión de que tras los atentados del 11-S, los profesionales sanitarios que trabajan para el Ejército y los servicios de Inteligencia «diseñaron y participaron en el trato cruel, inhumano y degradante y en la tortura de detenidos», según informa el diario británico The Guardian.
A estos profesionales se les indicó que dado que no estaban tratando a personas enfermas, el principio hipocrático de «lo primero es no hacer daño» no era aplicable en el caso de los presuntos terroristas.
Escrúpulos
En este sentido, el informe responsabiliza principalmente al Departamento de Defensa y la CIA, que fueron los que exigieron a médicos y psicólogos que dejaran de lado sus escrúpulos frente a los daños que pudieran ocasionar las técnicas empleadas para conseguir información de los detenidos, como el ‘waterboarding' (ahogamiento simulado), la privación del sueño o la alimentación forzosa.
El estudio ‘Etica abandonada: profesionalidad médica y abuso a detenidos en la guerra contra el terrorismo', trabajo de 19 expertos durante dos años, denuncia que el Pentágono considera que todas las personas que participan en los interrogatorios, incluido personal sanitario, son «oficiales de seguridad».
En concreto, el informe relata que se obligó a médicos y enfermeros a participar en la alimentación forzosa de presos en huelga de hambre en contra de las normas que contempla la Asociación Médica Mundial; se les exigió que quebrantaran la confidencialidad del paciente y compartieran lo que supieran de su estado físico o psicológico con los interrogadores y fueron usados ellos mismos como interrogadores; y tampoco cumplieron con la recomendación del cirujano general del Ejército de informar sobre abusos a detenidos.
Según el informe, pese a las promesas del Gobierno de Obama de acabar con las torturas, este tipo de prácticas por parte de personal médico continúan en Afganistán y Guantánamo.
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