«Hacemos un llamamiento a la comunidad global para que, con estas pruebas sobre la mesa, lleve el caso al tribunal de La Haya», afirmó en la presentación del informe el presidente de la Comisión de Investigación de la ONU para ese país, Michael Kirby.
Como Corea del Norte no es país signatario del Estatuto de Roma, documento fundacional de la CPI, este tribunal no puede iniciar una investigación, sino que debe esperar a que sea requerida por el Consejo de Seguridad de la ONU, una opción poco realista ante el previsible veto de China.
Crímenes
Entre los crímenes contra la humanidad documentados de manera precisa y exhaustiva figuran «exterminio, asesinato, esclavitud, desaparición forzosa, ejecuciones sumarias, torturas, violencia sexual, abortos forzosos, privación de alimento, desplazamiento forzoso de poblaciones y persecución por motivos políticos, religiosos, racionales o de género».
Junto con el informe, Kirby ha remitido una carta al líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, en la que le advierte de que como máximo responsable de todas las instituciones del Estado debe asumir su responsabilidad sobre esos crímenes, incluso si no ha participado directamente en ellos.
El presidente de la Comisión indicó que más de un centenar de personas vinculadas al aparato estatal de Corea del Norte podrían estar implicadas en estas «atrocidades indescriptibles». Según este detallado informe, entre 80.000 y 120.000 prisioneros políticos están en estos momentos retenidos en cuatro grandes campos de trabajo, donde son privados deliberadamente de alimentos y sometidos a trabajos forzosos.
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Un paraíso comunista. Por suerte, cada vez quedan menos.