Albert TraverBuenaventura, Colombia22/03/14 0:00
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Con una «intervención especial» de más de 700 uniformados, el Gobierno colombiano militarizó ayer el puerto de Buenaventura, la ciudad con más altos índices de violencia en el país, escenario de decenas de asesinatos, descuartizamientos y desapariciones forzosas.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, acompañó el despliegue de tropas en su segunda visita en quince días a Buenaventura, en el ojo del huracán de la opinión pública desde que se descubrieran varias de las llamadas ‘casas de pique', sitios en los que presumiblemente se descuartiza a personas.

Esta militarización de algunas zonas de la ciudad, prevista desde hacía semanas por orden presidencial, llegó el día después de que la ONG Human Rights Watch (HRW) presentara un informe en el que alertaba de que «barrios enteros de la ciudad se encuentran bajo el dominio de poderosos grupos sucesores de paramilitares».

Bandas

Se trata de las bandas de Los Urabeños y La Empresa, ambas herederas de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) e inmersas en una sangrienta guerra por el control del territorio y del tráfico de armas y drogas en este estratégico punto bañado por las aguas del Pacífico. El titular de Defensa visitó ayer estos barrios ubicados en el sector conocido como Bajamar, cuyas humildes viviendas de madera se erigen sobre palafitos que las protegen de la marea pero no del flagelo del narcotráfico.

«¡Por ahí no se puede!», gritaron unos niños cuando el ministro se adentró en una de las calles escoltado por decenas de hombres fuertemente armados y acompañado de varios periodistas, en referencia a una de las llamadas «fronteras invisibles» que trazan las bandas y que ponen en riesgo de morir a quien las atraviesa.
En lo corrido del año más de medio centenar de personas han sido asesinadas por las bandas en esta ciudad, algunas de ellas descuartizadas.

Además, Buenaventura tiene los mayores índices de desapariciones forzosas de Colombia, con 153 casos entre 2010 y 2013, según datos oficiales, y de desplazamiento, con más de 13.000 personas que abandonaron sus hogares entre enero y octubre del pasado año, cifras que según HRW son mucho mayores.

Sobre la práctica de los descuartizamientos, Pinzón dijo que es uno de los principales objetivos a erradicar por la intervención de la fuerza pública en la ciudad, aunque agregó que «tiene que ver con una práctica cultural inaceptable e incomprensible».