Sarkozy, imputado por "corrupción activa"

El anuncio de la fiscalía a la prensa llegó en un comunicado después de que Sarkozy pasara quince horas declarando como detenido ante la policía y otras tres horas ante los jueces, a las afueras de París, medida inédita para un exjefe de Estado francés.

El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede acarrear una pena de hasta de diez años de prisión y 150.000 euros (205.000 dólares) de multa. Además, la condena puede suspender algunos derechos civiles.

En el mismo caso, que investiga si Sarkozy y su entorno crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político conservador, también han sido imputados hoy su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.

Los tres tuvieron que declarar ante la policía judicial en calidad de detenidos, un estatuto que ofrece la asistencia de un letrado, derecho al que renunció Sarkozy, abogado de profesión.

Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo.

Estos le informaban supuestamente de los avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la campaña que llevó al Palacio del Elíseo en 2007.

Según esa teoría, el defensor de Sarkozy prometió como contrapartida al magistrado Azibert que el expresidente le ayudaría en su demanda de conseguir un puesto que buscaba en la administración de Mónaco, que nunca obtuvo.

Sin embargo, la defensa del letrado Herzog sostiene que esas escuchas son ilegales por violar el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente y no entran en el contenido de las mismas.

«Thierry Herzog es libre. Sigue siendo el abogado de Nicolas Sarkozy, no le afecta ninguna prohibición», dijo a la prensa Paul-Albert Iweins, defensor de quien habitualmente ejerce de abogado de Sarkozy y que ahora comparte imputación con el expresidente.

Uno de los elementos que pusieron en alerta a los jueces que llevan la instrucción fue el hecho de que Sarkozy abriera -bajo el pseudónimo de Paul Bismuth- una segunda línea de teléfono móvil.

Sospechan que a través de esas llamadas, que detectaron pronto, intentaba comunicarse discretamente con su abogado sobre los avances de los procesos judiciales de los que le informaban supuestamente los citados magistrados.

De esa forma nació el llamado «caso de las escuchas», un dossier que deriva de una investigación original diferente, para determinar si el político recibió para su campaña presidencial dinero negro del depuesto dictador libio Muamar el Gadafi.

Sarkozy, de 59 años, había llegado a primera hora de la mañana del martes en un coche con los cristales tintados a los locales de la policía judicial en Nanterre, a las afueras de París, y no hizo declaraciones.

Pero la familia política del jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 afirmó durante el día que la medida judicial responde a un plan de caza y derribo que se activa cada vez que Sarkozy amaga con regresar a la política.

Sarkozy se plantaba anunciar su retorno tras el verano, según «BFM TV», a lo que el diario «Le Parisien» añade que el expresidente planea cambiar el nombre de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido que le llevó al Palacio del Elíseo.

Esa formación conservadora se encuentra ahora sumida en una profunda crisis interna, en grandes dificultades financieras y salpicada por varios escándalos de corrupción.

«Cada vez que habla de su eventual vuelta, sorprendentemente, se le acosa con un asunto judicial que inmediatamente se viene abajo», declaró la delegada general adjunta de la UMP, Valérie Debord.

Por su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Agricultura, el socialista Stephane Le Foll, dijo que los magistrados deben «ir hasta el final» porque «Nicolas Sarkozy es un justiciable, como los demás».

Sarkozy, vinculado a siete investigaciones judiciales, ya había sido temporalmente imputado por el «caso Bettencourt», que pretende esclarecer si la multimillonaria heredera de L'Oreal financió ilegalmente su campaña presidencial, como se sospecha de Gadafi.

Sin embargo, no declaró ante los jueces sin pasar por la policía, lo mismo que el también ex presidente conservador Jacques Chirac (1995-2007).

Chirac fue condenado en 2011 a dos años de cárcel exentos de cumplimiento por malversación de fondos y otros delitos cometidos en los años noventa como alcalde de París y juzgados tras perder su inmunidad parlamentaria, pero nunca estuvo detenido.